"Los dueños de todos los clubes en España, los que han podido, han echado a las chicas a la calle" desde el inicio del confinamiento a mediados de marzo, dice con amargura Evelyn Rachel, una colombiana de 35 años, la única entrevistada que da su nombre real.
En España, la prostitución está en un vacío legal, ni prohibida ni permitida. Aun así, cuenta con numerosos burdeles, donde se prostituyen extranjeras, a menudo bajo presión de redes criminales, reseñó AFP.
Alojada en un club de alterne de Madrid, Evelyn pagaba 2.100 euros al mes para poder trabajar allí como prostituta, explica.
"El argumento de la patronal es que pagábamos esos 2.100 euros por la habitación, dicen que es como un alquiler. Esto es mentira, es el derecho a trabajar lo que pago yo" habitualmente, protesta.
El local contaba con 15 mujeres, en su mayoría suramericanas, explica Evelyn. Casi todas marcharon. Las que procedían de Rumanía volvieron a su país.
A ella no la echaron a la calle pero denuncia que le dejaron quedarse como "un favor humanitario, no como empleada de un local que se merece un sitio donde vivir".
Aunque suela terminar sus frases con "mi amor", Evelyn es una militante aguerrida. El año pasado consiguió que la justicia reconociera que mantenía "una relación laboral" con uno de los burdeles más conocidos de la región.
Es miembro de la organización de trabajadoras sexuales Otras, un sindicato nacido en 2018 pero no reconocido en este país, cuyo gobierno de izquierdas defiende la abolición de la prostitución.
Evelyn denuncia la "alucinante" paradoja: "los dueños de los clubs grandes pueden hacer legalmente un ERTE (plan de suspensión de empleo temporal) a las camareras, a las limpiadoras, a todas las que tienen un contrato; y echan a la calle a las prostitutas".
Y ellas "no pueden acogerse a ningún tipo de ayuda por no estar reconocidas como trabajadoras", insiste.
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