Latinoamérica aún no se recupera de las dantescas imágenes de cadáveres en las calles de Ecuador mientras Colombia alcanza un récord de casos positivos y Estados Unidos supera las 100 mil muertes por coronavirus.
La paradoja en este marco es que en las tres naciones aumentan de manera exponencial las investigaciones por corrupción, peculado y desvío de dinero destinado a la contención de la pandemia por COVID-19.
Bajo la administración de Lenín Moreno, el coronavirus se ha cobrado en Ecuador al menos 3.275 vidas humanas; y la nación acumula ya los 38.103 contagios, de acuerdo con el balance actualizado en directo este jueves 28 de mayo por la Universidad Johns Hopkins.
La tierra del café no se queda atrás, al registrar el nada honroso récord de 1.101 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para totalizar más de 24.104 contagios confirmados; una nación donde las acciones de Iván Duque parecen no dar resultados.
El boletín del Ministerio de Salud detalló que la mayor cantidad de nuevos enfermos tuvo lugar en la capital: Bogotá (303), seguido por Amazonas (189), Valle del Cauca (155), Bolívar (136), Atlántico (95), Cundinamarca (51), Chocó (33) y Antioquia (27).
No hay detenidos
En este marco, sorprende el número cada vez mayor de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, un renglón donde Colombia hace grandes esfuerzos por mantener liderazgo, a juzgar por las declaraciones de la Fiscalía y la Procuraduría de ese país.
Este jueves 28 de mayo, la prensa de Ecuador reseña por su parte que “las sospechas sobre posibles actos de corrupción en la compra de insumos para enfrentar la pandemia del COVID-19 se extiende a más entidades”.
Apenas un día antes fue allanada la Prefectura del Guayas “y se indaga si hubo o no peculado en la adquisición de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas”. El desfalco no es menor: al menos cuatro incursiones se adelantaron en distintos municipios por desvío en la “venta de pruebas para detectar el coronavirus”.
En la nación se investiga el posible sobreprecio y adjudicaciones cuando menos sospechosas de una significativa cantidad de contratos.
El escándalo incluye gran número de allanamientos, mientras se acumulan las denuncias en la Fiscalía y las medidas administrativas contra funcionarios y sus equipos. Por ahora “no hay detenidos”.
Ecuador en emergencia
En Ecuador, 795 entidades públicas se declararon en emergencia en el marco de la pandemia por el coronavirus. El argumento es el mismo que en Colombia: acelerar la adquisición de implementos médicos, de bioseguridad, de limpieza.
Hasta ahora, 24 de los entes son investigados por “posible peculado, tráfico de influencias, defraudación tributaria y asociación ilícita”. Aunque la mayoría de los casos “permanecen en reserva”, dos se encuentran ya en instrucción fiscal. Entre los señalados figura el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil.
Las investigaciones también coinciden con el caso colombiano en lo que respecta a las ayudas sociales, si bien no hay referente histórico para el hurto de millones de dólares ocurrido bajo la administración de Iván Duque por “desfalco de fondos destinados a la “ayuda humanitaria”.
Paradójicamente, el mismo documento que le dio vida al Programa Ingreso Solidario, creado por orden del presidente colombiano el 4 de abril de 2020, exoneró de toda responsabilidad legal a los funcionarios antes de su aplicación.
Mientras que con respecto a la compra de 7.000 de kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos ecuatoriano, la Fiscalía presentó cargos por “tráfico de influencias contra cinco funcionarios”. Todos ellos están en libertad.
Esta misma semana, en un cantón ecuatoriano del Guayas se ejecutó una operación con el ingreso de 15 agentes al Hospital del IESS, donde “recogieron dinero en efectivo, documentos y computadoras y lo pusieron bajo cadena de custodia judicial”.
De acuerdo con declaraciones del Servicio de Contratación Pública publicadas por El Comercio, “esa casa de salud ha celebrado 11 contratos por USD 2,3 millones durante la emergencia”.
Contratos millonarios
Como resultado de las primeras pesquisas, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó a la Fiscalía de esa nación la apertura de una investigación “no solo por las últimas compras con posible sobreprecio, sino también que investigue al grupo que lucró por años en los hospitales del IESS en Guayaquil y que desde la CNA ya se ha denunciado”.
La última denuncia de ese ente fue presentada el 7 de mayo. En ella se señaló a 11 contratistas para proveer servicios de comida, quienes “se habrían beneficiado de procesos de salud por 32,5 millones de dólares”.
Colombia no se queda atrás. Las alarmas se encendieron cuando notaron los precios exorbitantes que se desembolsaban a los proveedores por bolsas de alimentos.
Los primeros indicios habrían surgido en el Cesar, una denuncia que derivó más tarde en el inicio de 14 investigaciones criminales relacionadas con la COVID-19.
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En este aspecto, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, señaló que las investigaciones adelantadas por esa institución analizan los “flagrantes sobreprecios” en 14 departamentos; así como por lucrativos contratos de alimentos.
Estados Unidos tampoco se salva de los señalamientos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EE. UU. (FEMA, según sus siglas en inglés) le otorgó un contrato de 55 millones de dólares por tapabocas a una compañía en Delaware; pero esta no tiene ningún historial de haber fabricado o adquirido alguna vez equipos médicos, reportó The Washington Post a principios de abril.
Seleccionada sin pasar por un proceso de licitación pública, Panthera Worldwide —cuya empresa matriz se declaró en bancarrota el año pasado— está recibiendo 5.5 dólares por tapaboca, un monto muy superior a lo que cobra cualquier otro proveedor gubernamental.
Mientras crecen las denuncias, aumenta el número de muertes y parece cada vez más lejos el aplanamiento en la curva de contagios, ya no sólo por la COVID-19 sino también por un virus mortal llamado corrupción.
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