Con seis votos la mesa Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el texto que deberá ser corroborado o negado en el pleno de la Asamblea Nacional hasta el 25 de enero próximo.
La Comisión de Justicia de la Asamblea propuso que el aborto en casos de violación se aplique en el plazo máximo de hasta 28 semanas en casos de personas mayores de 18 años y sin plazo para menores de edad y mujeres con discapacidad.
La decisión se aprobó con seis votos, y cuatro en contra en el análisis del informe para segundo debate se inició artículo por artículo, este lunes 10 de enero del 2022. Este informe pasará a conocimiento del pleno de la legislatura para su aprobación.
La mesa de Justicia se instaló para abrir el debate sobre el proyecto de Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo por violación y la discusión se centró en determinar que en el Ecuador el aborto por violación no debe ser considerado un derecho.
La moción sobre el artículo 19 del proyecto, que define el plazo en que debe darse el aborto, la presentó el asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES) José Agualsaca, en la que determina que “a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes mujeres y personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de:
- 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años.
- Sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad.
El debate en la Asamblea
Los asambleístas Sofía Espín, de UNES, y Ricardo Vanegas, de Pachakutik, apuntalaron el cambio de denominación, a los que se plegaron otros como Geraldine Weber (PSC), quien incluso consideró que la Corte ha violado la Constitución, ya que esta garantiza el respeto a la vida desde la concepción.
“El aborto no puede ser un derecho porque se ha despenalizado el delito del aborto en caso de violación”, sostuvo Vanegas. Mientras que Espín precisó que “ni la sentencia de la Corte ni la Constitución de la República ni las leyes vigentes determinan que hay un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación”.
La asambleísta Gissela Garzón, coidearia de Espín, destacó que en otros países no hay causales para permitir el aborto, y tomando en cuenta que los profesionales médicos atienden centenares de casos permanentemente y que cuentan los casos que pasan las niñas, votó a favor.
En cambio, Ricardo Vanegas de las filas de Pachakutik comentó que la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que debe haber plazos y con la moción planteada por el legislador José Agualsaca, se está privilegiando una desprotección del nasciturus y se está implementando el feticidio desde la Asamblea Nacional, que por eso votó en contra.
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