Dirigentes indígenas y familiares de víctimas del paro nacional de octubre de 2019 presentaron este viernes testimonio ante La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) en el contexto del juicio político impulsado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La sesión se celebró en la víspera de la comparecencia de la ministra ante la Asamblea «en la sustanciación de la solicitud de juicio político en su contra, auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez», indicó el Parlamento del país andino.
Durante la sesión los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas presentaron material audiovisual para demostrar el uso de armas durante las manifestaciones como pruebas de cargo contra Romo, a la que acusan de haber permitido un «uso excesivo de la fuerza» contra los manifestantes.
Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, «no hubo la voluntad política para poder resolver los problemas; el gobierno cumplió las órdenes de los ministros».
Y agregó que «no hubo garantías necesarias para la seguridad de los pueblos» indígenas, añadió.
Las protestas se originaron tras un decreto presidencial que anulaba históricos subsidios a las gasolinas, y derivaron en un parón nacional con decenas de miles de manifestantes en las calles y carreteras del país.
Una decena de personas perdieron la vida y 1.500 resultaron heridos en los enfrentamientos, que el Gobierno asegura se debieron a la violenta actitud de los manifestantes y a grupos organizados por interesados políticos afines al correísmo que trataban de causar inestabilidad para hacer caer la Administración de Moreno.
Este sábado, Romo, que acaba de publicar un libro sobre esos sucesos bajo el título de «Octubre, la democracia bajo ataque», presentará su caso en la Asamblea y en una reciente entrevista con Efe aseguró que no tiene nada que temer y que sabrá salir airosa como lo ha hecho en ocasiones anteriores.
En la sesión de hoy, el dirigente indígena Leonidas Iza, uno de los líderes de las manifestaciones, habló de una supuesta «estrategia» por parte del Gobierno para incrementar los niveles de violencia contra los manifestantes», precisando que el uso de la fuerza «llegó a cobrar vidas», aunque el Gobierno asegura que no fueron en ningún caso por arma de fuego u otro medio letal.
Además, manifestó que la Policía atacó a los manifestantes desde corta distancia y que la gente solamente se defendía de los niveles «violentos que propinó el Gobierno», acusando de forma directa como ejecutora a la ministra Romo.
Entre las acusaciones que enfrenta la ministra por el presunto incumplimiento de sus funciones durante las manifestaciones está las del uso de bombas lacrimógenas caducadas.
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