Aunque muchos creían factible que los partidos de oposición de Chile levantaran un proceso de acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera tras aparecer mencionado en la investigación conocida como "Pandora Papers" sobre paraísos fiscales, nadie esperaba que sucediera tan rápido.
El domingo 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó el reportaje, tomando por sorpresa a los chilenos que no sabían que su presidente sería uno de los 35 líderes mundiales señalados en él, reseñó el medio Sputnik.
El 4 de octubre congresistas de oposición conversaban en los pasillos sobre la posibilidad de un "impeachment" y algunos osaron a revelar su ánimo ante los medios, pero la idea aún parecía muy prematura.
Sin embargo, el martes 5 se reunió durante horas en una sala del Congreso un grupo de diputados integrado por representantes de todas las bancadas opositoras y en conjunto decidieron presentar un pedido de destitución de Piñera. Desde la izquierda tradicional del Partido Comunista hasta la centroizquierda conservadora de la Democracia Cristiana se dieron las manos y dieron el vamos.
La coordinación de la oposición y el hecho de que queden menos de dos meses para las elecciones legislativas y presidenciales son dos factores que generan incertidumbre en la escena política y que preocupan al Gobierno, cuyos abogados ya comenzaron a organizar la defensa ante el Congreso para evitar que Piñera se convierta en el primer presidente del mundo en ser destituido por el escándalo de los Papeles de Pandora.
Complejo escenario
En noviembre de 2019, a un mes de que estallara la crisis social de protestas masivas que puso en jaque la administración de Piñera, la oposición presentó una histórica acusación constitucional buscando destituir al mandatario, algo que sólo había ocurrido en 1956 cuando la Cámara de Diputados rechazó remover al entonces presidente Carlos Ibañez (1952-1958).
A Piñera se le acusó de tener responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas al reprimir las manifestaciones, pero la iniciativa no prosperó debido a que no encontró apoyo completo en el partido Demócrata Cristiano (centroizquierda).
En esta oportunidad, el partido católico sí se cuadró con la oposición y si todo el sector vota a favor sumaría 83 votos en la Cámara de Diputados, más de los 78 que se necesitan. Lo peor para el mandatario es que algunos diputados de su propia coalición no han sido categóricos en defenderlo e incluso, algunos lo han criticado.
"Cuesta creer que el presidente no haya tenido conocimiento de este negocio, donde están involucrados todos sus familiares directos", señaló la diputada del partido oficialista Renovación Nacional, Camila Flores, al medio local Chilevisión. "Basta de ser cómplice pasivo de sus negocios", dijo por su parte el diputado Cristián Labbé, de la también oficialista Unión Demócrata Independiente, a CNN Chile.
Las esperanzas de Piñera están puestas en el Senado, órgano encargado de ratificar o rechazar la decisión de la cámara baja. La iniciativa necesita 29 sufragios de 43 para ser aprobada, y la oposición solo tiene 24 escaños. Pero algunos senadores oficialistas también se han ido descolgando de la figura de su líder. Manuel Ossandón, senador de Renovación Nacional, dijo en conferencia de prensa: "Yo voto en conciencia, y si tengo que votar a favor porque mi conciencia dice que ahí se cometió el pecado, lo haré y no me temblará la mano".
La diputada Claudia Mix es una de las impulsoras tanto de esta acusación como de la que sorteó con éxito el mandatario en 2019. En conversación con el medio Sputnik, explicó que la razón para presentar los impeachment radica en que "Chile no tiene referéndum revocatorio ni ninguna herramienta de democracia directa para que la ciudadanía fiscalice al presidente de la República, transformando a la acusación constitucional en la principal fórmula de fiscalización".
"Algunos nos dicen que no presentemos estas acusaciones porque si son rechazadas, la figura del presidente puede salir aún más fortalecida. Yo creo que eso es un mito. Además, nosotros tenemos la obligación y el deber de perseguir la arista política de estos hechos tan graves, al igual que los tribunales y la Fiscalía siguen el lado penal", afirmó.
La legisladora señaló que la versión del presidente de que no sabía sobre sus negocios en paraísos fiscales es inverosímil. "Nadie puede creer que Piñera no habló del tema con sus hijos ni con su mejor amigo durante cinco años. Ni los parlamentarios ni la ciudadanía es tonta, la cabeza del Gobierno nos está mintiendo, transformándose quizás en el peor presidente que ha tenido Chile", cerró.
Los Pandora Papers demostraron que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, manejadas por sus hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario en un negocio de 152 millones de dólares. La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha sucedido.
La defensa de Piñera fue que él nunca supo de los negocios que hacían sus empresas porque al asumir su primer mandato (2010-2014) las entregó en "fideicomiso ciego", esto es, en el que los beneficiarios no están al tanto de sus inversiones.
Fuente: Sputnik
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