Unos 27.000 indígenas ecuatorianos continúan sin agua potable y presentan graves problemas de salud asociados a la contaminación por un derrame petrolero en la Amazonía en abril, sin que las autoridades -se quejan- hayan adoptado hasta ahora medidas de protección.
Así lo denunciaron este lunes un grupo de organizaciones indígenas y por los derechos humanos que interpusieron ante la justicia una demanda contra el Estado para que se garanticen los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, y que aún no han escuchado de ella.
«Setenta y cinco días después de ocurrido el derrame de OCP y EP Petroecuador, ni las empresas, ni los ministerios, ni el Sistema de Justicia atienden y protegen a las víctimas», se quejaron la organizaciones Confeniae, Fcunae e Inredh, entre otras.
Y agregaron que la situación de las comunidades afectadas «no solo es alarmante, sino crítica, especialmente en la salud de niñas y niños».
«Varios presentan manchas, sarpullido o laceraciones en el cuerpo, que aparecieron semanas después de la contaminación de las aguas de los ríos», aseguran.
«Estos efectos agudos generados por el derrame y la pandemia, son visibles en al menos el 70% de las comunidades impactadas por las sustancias contaminantes de los combustibles».
EL DERRAME CONTAMINÓ RÍOS
El derrame se produjo el pasado 7 de abril cuando un corrimiento de tierras en zona volcánica produjo el desplome de tres tuberías que conducían petróleo desde la Amazonía hasta la costa.
Según las organizaciones, desde entonces las comunidades afectadas siguen utilizando agua del río para alimentación, labores de limpieza y aseo personal, por falta de alternativas.
«El agua del río sigue contaminada y las comunidades la siguen consumiendo, debido a la falta de otro medio. El agua segura que llegó a las comunidades enfermó a algunos habitantes», aseguró en rueda de prensa Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae).
Y es que el derrame, de 15.800 barriles de petróleo, causó la contaminación de los ríos Coca y Napo, lo que además impidió la pesca y obligó a los pobladores a salir a ciudades cercanas a proveerse, pese a los riesgos por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
Tampoco, dicen, fue apropiada la ayuda de las empresas y de las autoridades, porque los kits de alimentación que les entregaron era culturalmente inapropiados e insuficientes.
DEMANDA SIN CONTESTAR
Daniela Almeida, directora del área de petróleo de Acción Ecológica, calificó el derrame como el más grave de los últimos 15 años y afirmó que afecta a más de 2.000 familias comprometiendo el acceso al agua y alimentación.
A raíz de esa situación, dirigentes comunitarios, con el apoyo de ONG, interpusieron una acción de protección para exigir la intervención de las autoridades, y que los Ministerios de Energía y Medio Ambiente, así como la estatal Petroecuador y la privada OCP, ofrezcan ayuda adecuada y reparen los daños ambientales.
La audiencia se inició el 26 de mayo, pero permanece suspendida desde el 1 de junio por enfermedad del juez a cargo de la diligencia, sin que los demandantes tengan hasta ahora ninguna respuesta.
Además, aseguran, el jueves sucedió un nuevo derrame de gasolina en el sector San Rafael, la misma zona del derrame, con un impacto por ahora desconocido.
«Vemos con mucha preocupación este juicio, porque revela total falta de justicia a la que están sometidas comunidades que han sido afectadas desde el 7 de abril por un derrame de crudo, que pudo haber sido previsto y no lo fue; que pudo haber sido comunicado inmediatamente cuando ocurrió y no lo fue; y que debería ser remediado», dijo en la rueda de prensa Verónica Potes, experta en Derechos Humanos y Ambientales. EFE
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