El gobernador del estado brasileño de Santa Catarina (sur), Carlos Moisés, antiguo aliado del presidente, Jair Bolsonaro, fue separado este sábado del cargo y deberá responder en un juicio político por las acusaciones de irregularidades en el aumento salarial de procuradores regionales.
En una sesión que comenzó el viernes y se extendió por 29 horas, la Comisión Especial de Juicio, integrada por cinco diputados regionales y cinco magistrados, escogidos por sorteo, determinó en la madrugada de este sábado, por seis votos contra cuatro, separar al gobernador y absolver a la vicegobernadora Daniela Reinehr.
Moisés, un abogado y exbombero militar, pertenece al Partido Social Liberal (PSL), por el cual Bolsonaro se eligió en 2018 y al que el jefe de Estado renunció estando ya en el poder, reseñó EFE.
En abril y mayo, Bolsonaro criticó públicamente la gestión de su antiguo aliado y rompió con el gobernador, así como lo había hecho meses antes con los de Sao Paulo, Joao Doria, y Río de Janeiro, Wilson Witzel, que con partidos aliados de derecha se eligieron también en 2018 con el respaldo del líder de ultraderecha.
Con la decisión, Moisés dejará el martes el cargo por 180 días para defenderse en el juicio político que será instaurado por la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, un agrícola e industrial estado fronterizo con Argentina y cuya capital es la turística y playera ciudad de Florianópolis.
Reinehr, también abogada y expolicía, con carrera política en la ciudad de Chapecó, contó con cinco votos a favor y cinco en contra para su separación del cargo, por lo que el presidente del Tribunal Especial de Juicio, el magistrado Ricardo Roesler, tuvo que hacer uso de su voto y desempató absolviendo a la vicegobernadora.
El gobernador y la vicegobernadora eran acusados de haber autorizado en 2019 un aumento salarial hasta los 33.000 reales mensuales (unos 5.861 dólares), más beneficios, para los procuradores regionales, una decisión que fue interpretada por los diputados del estado como ilegal y con intenciones políticas.
La Asamblea Legislativa regional analiza otro proceso de juicio político con fines de destitución contra Moisés por la supuesta compra irregular de 200 respiradores para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus y su residencia fue registrada a finales de septiembre por la Policía.
El contrato sospechoso alcanza un valor de 33 millones de reales (unos 5,8 millones de dólares), dinero que fue pagado de manera anticipada en marzo, en el comienzo de la pandemia, pero los equipos no fueron entregados y la Policía Civil decidió iniciar las investigaciones.
Existen un tercer y un cuarto pedido de juicio político con fines de destitución, ambos relacionados con la gestión durante la pandemia, que todavía no han sido analizados por el órgano legislativo regional.
Además de Moises, otros gobernadores están siendo investigado por irregularidades en la gestión de la pandemia, una facultad que la Corte Suprema retiró de Bolsonaro y delegó en las administraciones regionales y municipales.
En el estado amazónico de Pará (norte), el despacho del gobernador Hélder Barbalho fue objeto de registro también en septiembre por parte de las autoridades, mientras que el de Río de Janeiro, Witzel, fue suspendido seis meses del cargo también por sospechas en malversación de dinero público durante la pandemia.
Fuente: EFE
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