Recuperar el dinero malversado por corrupción no solo es deseable, sino también una obligación del Estado impuesta por la ONU. Pero en Ecuador aún no se dan todos los elementos para asegurar que el saqueo de la trama de corrupción, auspiciada por Odebrecht, quede resarcido en su totalidad. El país necesita ayuda de fuera.
No hay auditores forenses que, por experiencia, puedan dibujar el mapa de transferencias pagadas a funcionarios públicos con las que la constructora brasileña, presuntamente, se garantizaba millonarios contratos con el Estado. Y además, el caso lidia con cinco escollos, habituales en redes de corrupción, que dificultan el rastreo de las coimas.
El presidente Lenín Moreno sugirió contratar a empresas auditoras internacionales expertas. Y EXPRESO ha localizado en México a un ecuatoriano especializado en investigaciones y prevención de fraude y corrupción. Fernando Cevallos es socio de Servicios Forenses de la reconocida multinacional Deloitte y, desde Singapur, identifica las principales trabas para trazar los movimientos de los dineros mal habidos, que buscan el parapeto de la opacidad.
Si las transferencias pasan por paraísos fiscales -que mantienen sigilo bancario y donde no hay información pública-, o si se transforman en efectivo, es más fácil perder el rastro. En cambio, no sería problema recuperar el original de un documento que haya podido ser borrado o alterado en dispositivos electrónicos, como el disco duro que, según el testigo Alcívar, respaldaba el contenido de la computadora perdida de Ricardo Rivera y contiene pruebas de los intercambios de información -no solo familiar- entre Glas y su tío.
Lo más complicado, apunta el auditor forense, es demostrar con pruebas de peso el vínculo entre un testaferro y el beneficiario de esa relación. “El testaferro es una figura muy utilizada en esos casos, pero la relación es muy difícil de probar. Habría que buscar mensajes de texto, mails o testimonios que puedan demostrar que recibió órdenes para comprar cierta cosa a nombre del otro”, analiza Cevallos desde un punto de vista técnico.
Estos obstáculos en el trazado del mapa del saqueo son superables -en diferente grado de dificultad como recoge el gráfico-, pero aun así no está garantizada la recuperación de los fondos desviados, ni siquiera llegando a la última transferencia y ubicando dónde, cuánto y a nombre de quién están los recursos desviados.
Ahí es fundamental la pericia de la acusación para trasladar a los responsables de la trama -ya sean empresas o personas- las sanciones económicas que sirvan de resarcimiento del perjuicio. “Nunca he escuchado de un caso específico donde se regresen los montos que potencialmente se han robado o que están dispersos en el sistema financiero local o internacional. No sé si es debido a impunidad o a falta de cooperación para hacer esa recuperación pero, básicamente, lo que hacen las autoridades, como por ejemplo se ha hecho en Brasil, es recuperarlo a través de multas y penalidades. Se calcula cuáles son los daños e impactos y se estima una multa para resarcir ese dinero”, explica Cevallos.
EXPRESO consultó a la Fiscalía, entre otras cuestiones, si planea acusar a la empresa con el fin de solicitar una sanción económica equivalente al perjuicio al Estado y si ya había algún acuerdo indemnizatorio, en el marco de la cooperación eficaz firmada con los directivos de la empresa. También se consultó con Procuraduría General del Estado. Pero hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas de las instituciones.
Diario Expreso
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