El Gobierno de Ecuador envió este martes a la Asamblea Nacional (Legislativo) un proyecto de ley que busca defender la dolarización, que rige en el país desde el año 2000, para que sea tratado con el carácter de «urgente en materia económica» en el plazo de treinta días.
Dicho proyecto, que ya fue entregado a la Asamblea hace dos semanas y devuelto inmediatamente por errores «de forma» en su presentación, fue enviado hoy nuevamente al órgano parlamentario, informó en un comunicado el Ministerio de Economía.
La entrega se efectuó tras haber «subsanado los requisitos formales que la Asamblea Nacional recomendó días atrás», precisó el Ministerio.
La Asamblea tiene treinta días para tratar el proyecto y remitirlo al Ejecutivo, aunque también, por su carácter de urgencia en materia económica, podría entrar en vigor por fuerza de ley si el Parlamento no logra tramitarlo en el plazo previsto.
La propuesta de «Ley para la Defensa de la Dolarización», que reforma el llamado «Código Orgánico Monetario y Financiero», busca proteger el actual sistema monetario y, sobre todo, devolver la independencia al Banco Central del Ecuador (BCE), añadió la fuente.
Agregó que uno de los objetivos del proyecto es «dotar de autonomía técnica al BCE» para evitar manejos «irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado».
Según la propuesta, las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera y elaborar la programación macroeconómica, entre otras.
Además, con este proyecto se busca recuperar «los cuatro sistemas del balance de la entidad para garantizar y transparentar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el BCE».
El proyecto estipula también que la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) se convertirá en «un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial» para las entidades del sistema financiero nacional.
Dicha junta, además, podrá «formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera», agregó el Ministerio de Economía en su escrito.
La reforma legal pretende alcanzar «mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional», agregó.
La intención de devolver la independencia al Banco Central, defendida por grupos conservadores y ligados a la banca, ha avivado una polémica con otros sectores sociales y de las izquierdas, que temen que la estrategia termine por permitir que el instituto emisor se convierta en prestamista de banqueros.
Además, se critica que el proyecto se presente en este momento, cuando está en marcha un proceso electoral para elegir al sucesor del presidente Lenín Moreno, quien abandonará el poder el próximo 24 de mayo.
El Banco Central de Ecuador cambió su rol como instituto emisor en el año 2000, cuando el país adoptó la dolarización tras abandonar el sucre, su antigua moneda nacional.
Durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, de corte progresista, el Banco Central perdió su carácter independiente y autónomo, aunque la actual administración de Moreno ha insistido en devolverle esas características, como se precisa en el acuerdo de endeudamiento que suscribió el año pasado con el Fondo Monetario Internacional. EFE
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