La fiscal general, Diana Salazar acudió hoy a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en su intervención solicitó al Legislativo que «que ejerza sus atribuciones de control político, también en relación a altas autoridades que dirigen sus instituciones desde centros de privación de libertad afectando a la ética pública e intentando incidir en las investigaciones».
Esto en relación directa con el contralor Pablo Celi, que está procesado por el caso «Las Torres». Detalló que «recibí mensajes y campañas que buscaban, con diversos tonos y expresiones, interceder o abogar a favor del procesado Pablo C.».
Aclaró que ejerció su derecho a la libre expresión, al comunicar la presión de que era objeto a través de redes sociales. También precisó que «el más alto deber del Estado, a través de sus representantes, es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, con eficiencia, eficacia y transparencia».
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