El juez sentenció al expolicía Derek Chauvin a 22 años y medio de cárcel por la muerte del afroamericano George Floyd el año pasado en Minneapolis. Chauvin, de 45 años, fue hallado culpable de los tres cargos de homicidio que le imputaron tras matar a Floyd en un arresto brutal, que fue grabado por los transeúntes y que provocó una movilización mundial contra el racismo y la brutalidad policial. Desde que se conoció el veredicto, el pasado 20 de abril, Chauvin se encuentra aislado por su propia seguridad.
“No dicto la sentencia basándome en la opinión pública ni intento enviar ningún mensaje con ella”, advirtió el magistrado, Peter Cahill, consciente del impacto social de este proceso. Cahill, que consideró como agravante el abuso de poder, dictó el veredicto en una vista cargada de emotividad, como lo fue todo el juicio, reseñó El País.
Tomaron la palabra varios familiares de Floyd, se proyectó un video de la hija pequeña, Gianna, de siete años, diciendo que echaba de menos a su padre y, por primera vez, se pudo escuchar a la madre del expolicía condenado.
Carolyn Pawlenty defendió que su hijo es “un buen hombre” y advirtió al jurado de que la sentencia sobre él es una sentencia sobre ella. Chauvin rehusó una declaración formal, alegando procesos pendientes (una apelación u otro pleito federal por violación de los derechos civiles de Floyd), pero dio el pésame a los parientes del afroamericano y, sin dar detalles, avanzó que habrá “alguna información” en el futuro que, confiaban, les daría algo de “paz mental”.
El expolicía se enfrentaba a hasta 40 años de prisión. La Fiscalía había pedido 30 años, alegando que el agente había actuado con especial crueldad desde una posición de autoridad y con la agravante de que había menores de edad presentes.
La defensa reclamó, sin éxito, un nuevo juicio arguyendo que el jurado no actuó de forma libre e imparcial, sino que se sintió presionado y amenazado por la opinión pública. Todo el país, y medio mundo, había puesto los ojos en este proceso, que puede convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra los abusos de las fuerzas de seguridad. A raíz del caso, el Congreso debate una ley de reforma policial que lleva el nombre de Floyd.
El juez señaló que no quería extenderse demasiado en la explicación de la sentencia, que supera el promedio de años que impone el Estado de Minnesota habitualmente por este tipo de delitos a condenados sin antecedentes penales, y remitió al “análisis legal” escrito en un documento de 22 páginas en el que explica las agravantes que ha tenido en cuenta.
Los hechos se remontan a la tarde del 25 de mayo de 2020, cuando una patrulla acudió a la llamada de una tienda, Cup Foods, que avisó de que un cliente había pagado un paquete de tabaco con un billete de 20 dólares aparentemente falso.
El dependiente había salido a buscar al sospechoso, que era George Floyd, pero este se había negado a volver. Se encontraba dentro de un coche aparcado, fuera del establecimiento. Cuando llegó la policía, Floyd se resistió inicialmente y Chauvin y otros dos agentes lo inmovilizaron en el suelo.
Cuando Floyd dejó de oponer resistencia, la presión no cejó y comenzaron esos nueve minutos interminables, en los que la rodilla del policía aprieta al hombre que clama que no puede respirar.
Las condenas a policías por homicidio en acto de servicio son muy poco comunes. Según una investigación del profesor de Derecho Penal Philip M. Stinson, de la Bowling Green State University, citado este viernes por The New York Times, solo 11 han sido condenados desde 2005, contando a Chauvin.
Será, en la historia de Minneapolis, el segundo agente en acabar entre rejas por un delito durante una actuación policial.
El delito más grave por el que ha sido condenado, homicidio en segundo grado no intencionado, se aplica cuando el homicidio no es premeditado pero ocurre mientras se está cometiendo otro delito, en este caso, el de agredir a Floyd. Suele acarrear una pena de 12 años y medio para un convicto sin antecedentes penales, como es el caso de Chauvin.
También fue condenado por homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. El primero se refiere a alguien que ha actuado de forma extremadamente peligrosa, sin aprecio por la vida humana, y puede suponer hasta 25 años pero la recomendación para casos como este queda en 10,5 años.
Y el tercer cargo, el de homicidio involuntario en segundo grado, castiga la negligencia culpable: quien lo comete, conociendo los riesgos, causa la muerte o daños serios. Conlleva hasta 10 años entre rejas.
Los otros tres agentes que se encontraban con Chauvin aquel día, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, irán a juicio en marzo de 2022 por colaborar y ser cómplices de los delitos de homicidio involuntario.
El procedimiento estaba previsto para este mes de agosto, pero un juez decidió posponerlo, en parte, para dejar que la estela del juicio a Chauvin perdiese intensidad y tratar de aislar mínimamente un procedimiento de otro. Los cuatro afrontan, además, tres cargos federales por violar “intencionalmente” los derechos constitucionales de Floyd, lo que puede derivar en un nuevo juicio, aún sin fecha.
Al margen del proceso penal contra Chauvin y sus compañeros, la familia de George Floyd interpuso una demanda civil contra la ciudad de Minneapolis que se saldó el pasado marzo con un acuerdo histórico, de 27 millones de dólares de indemnización, para evitar el juicio. Según el abogado de los Floyd, Ben Crump, se trata del pacto prejudicial de mayor cuantía cerrado jamás en un caso de derechos civiles.
Fuente: El País
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