La iniciativa surge tras los actos vandálicos y desmanes ocurridos la semana pasada en el marco del paro nacional convocado por centrales obreras y otras organizaciones sociales, cuando se presentaron enfrentamientos con la Fuerza Pública y hubo ataques a vehículos de servicios público, locales e incluso se pintaron grafitis en la catedral Primada de Colombia en Bogotá.
“Es lamentable que en un país en donde se respeta la libre expresión y el derecho a la protesta, se infiltren personas que solamente hacen daños. Es necesario abrir el debate para regular la protesta social a través de una ley estatutaria”, manifestó el congresista, quien explicó que el proyecto abordaría tres puntos fundamentales: cuándo no se trata de una protesta válida sino de un abuso del derecho, cuándo las autoridades pueden acabar esas protestas ante los atropellos y protocolos para que la Fuerza Pública pueda restablecer el orden cuando haya en riesgo vidas y problemas de orden público.
De hecho, se incluiría la posibilidad de que aquellas personas que sean capturadas y judicializadas respondan por los daños que se cometan. “Hay que definir unas infracciones, porque actualmente hay sanciones administrativas y penales cuando se identifican las personas, pero nadie responde por los daños que se cometen. Todos pueden protestar, pero de manera pacífica y sin afectar a nadie”, agregó Gómez.
Otro tema neurálgico tiene que ver con las infiltraciones que, según las autoridades, se presentan en las movilizaciones ciudadanas, cuya responsabilidad para evitarlo quedaría en manos de los organizadores de la protesta.
“Sería un mundo ideal si cada organización que lidera una protesta responde por los desmanes que se presenten y eviten infiltrados, pero es un tema complejo y por eso hay que abrir el debate en el país”, puntualizó el congresista conservador.
La propuesta, que comenzará a ser socializada con las demás bancadas e incluso con el mismo Gobierno Nacional, recoge en cierta medida los planteamientos hechos por el ministro de defensa, Guillermo Botero en el sentido de que es necesarios regular la protesta social, “que debe de ser libre y pacífica”. Y es que desde que asumió el cargo, el exdirector de Fenalco ha dicho que, si bien se trata de un derecho consagrado en la Constitución del 91, su materialización no puede atropellar los derechos de las mayorías, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la vía pública, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza Pública.
“En el ámbito social, respetamos la protesta, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, ha dicho Botero.
La regulación de la protesta social fue tratada en el Código de Policía, aprobado por el Congreso, en el que se establecieron algunas condiciones para poder protestar, como la solicitud de permiso a los gobiernos locales.
Sin embargo, la Procuraduría conceptuó que estos temas se debieron tramitar a través de una ley estatutaria y no de una ordinaria. Y la Corte Constitucional tumbó varios de los artículos que regulaban ese derecho a la protesta en el mencionado Código (desde el 47 hasta el 75, en el capítulo VI), al señalar que, como anticipó el Ministerio Público, efectivamente esas modificaciones se debían hacer a través de una ley estatutaria.
Fuente: Globovisión /El Espectador/MH
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