Las cifras no son alentadoras y atemorizan a los ecuatorianos, como lo enfatizó en una reunión virtual la semana pasada la especialista en Inclusión Social de Unicef, Ximena Escobar, en el estudio “El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases sociales en el Ecuador’.
Hasta diciembre, la pobreza extrema en el país aumentará de 10,7 % en 2019 al 20 %, una duplicación que implica que 1,4 millones de ecuatorianos no podrán cubrir sus necesidades básicas. Adicionalmente, 1,8 millones de personas pasarán de la vulnerabilidad a la pobreza, principalmente por la pérdida de ingresos del empleo pleno o el subempleo. Esto significará que tendrán dificultades para cubrir la canasta básica.
La clase media tampoco se ha salvado del nocivo efecto de la crisis. Según el informe de Unicef, 1,1 millones de personas ‘migraron’ de este nivel socioeconómico hacia situación de vulnerabilidad, lo que significa que sus ingresos y ahorros se redujeron significativamente. El descenso continuará el próximo año si no se toman medidas, como acceso a los créditos, desde el Estado, dijo la analista.
Además de los datos, el documento del organismo propone al Gobierno (actual y futuro tras las elecciones de 2021) políticas para mitigar la afectación económica entre los que se encuentran la protección del empleo pleno y una reforma tributaria progresiva y equitativa, cuya recaudación priorice la inversión social.
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