EFE).- El FBI tiene el punto de mira puesto en Puerto Rico, donde dimisiones, investigaciones a nivel federal y acusaciones por presunta corrupción de miembros del Ejecutivo generan incertidumbre que ha llegado a Washington.
La sombra de la corrupción sobrevolando la isla provocó que el director local del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), Douglas Leff, se pronunciara en declaraciones divulgadas este viernes para asegurar que Puerto Rico vive un momento crítico por la corrupción gubernamental.
Leff informó que las investigaciones en marcha están relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de influencias en la concesión de contratos con agencias públicas en la isla, un Estado libre asociado a EE.UU.
“Hemos recibido información amplia sobre contratos de los que no sirven al pueblo y probablemente sí a los intereses de otras personas, por lo que estamos indagando”, subrayó Leff en declaraciones a medios locales.
Dijo que se han adjudicado contratos millonarios a empresarios que obtuvieron más dinero del que era necesario.
No quiso dar más detalles, pero avanzó que durante los próximos meses saldrá a la luz más información del trabajo en marcha.
Aunque se trata de un problema amplio, el detonante que sacó a la luz el asunto esta semana fue el caso del ya exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado.
El funcionario, que hoy, finalmente, no compareció ante la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, donde había sido citado, desencadenó el pasado lunes “una tormenta” al denunciar una hipotética trama de corrupción en su agencia.
El gobernador Ricardo Rosselló, de forma inmediata, destituyó a Maldonado por haber elegido los medios para denunciar esa supuesta trama y no informarle previamente.
Esto generó que el hijo del funcionario asegurara que Rosselló habría tratado de influir sobre unos informes que supuestamente dejarían mal parada la gestión del Ejecutivo frente a la ayuda destinada a los damnificados por el huracán María.
El desenlace de esta “crisis” que le estalló al Ejecutivo de Rosselló se ha saldado con la salida de Maldonado y de la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, que dimitió al hacerse público que el FBI solicitó una serie de documentos asociados al papel del subcontratista Alberto Velázquez en esa agencia.
El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por su parte, confirmó esta semana que compareció ante un Gran Jurado federal para aclarar documentación relacionada con Velázquez.
Tras unos días de tensión en el seno del Ejecutivo, que provocó que Rosselló tuviera que reiterar su compromiso con “cero tolerancia contra la corrupción”, una frase que el gobernador repite siempre que tiene ocasión, la semana termina con la no comparecencia del exsecretario de Hacienda ante la Justicia para aclarar la supuesta trama de corrupción en su agencia.
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, informó a través de un comunicado que Maldonado no comparecería, tras indicar que “lo más correcto era comparecer y rebelar toda la información que tuviera sobre una legada mafia institucional en el Departamento de Hacienda para iniciar una investigación seria y rigurosa”.
La sombra de corrupción que se cierne sobre la isla no pasa desapercibida en la capital federal, donde Brian Sullivan, del Departamento de Vivienda (HUD), dijo que de cara a la entrega de fondos para los damnificados por los huracanes de 2017 esa agencia velará para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
El senador Rick Scott dijo sobre llegada de fondos a Puerto Rico para los damnificados por los huracanes que espera que “nadie esté haciendo nada incorrectamente”.
El también legislador Marco Rubio sostuvo que las denuncias de corrupción en el seno del Gobierno de San Juan “son extremadamente preocupantes”, mientras que la congresista Nydia Velázquez aseguró que debe haber una amplia investigación.
Las sospechas de corrupción en el Gobierno no son nuevas y se han dejado en lo que va de mandato de Rosselló a decenas de altos funcionarios, que han tenido que abandonar sus cargos, en la mayoría por su propia iniciativa.
La política de “tolerancia cero” frente a la corrupción ha permitido a Rosselló, hasta el momento, mantener intacta su imagen frente a un problema con arraigo en la isla.
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