El expresidente catalán Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017 tras el intento de secesión de Cataluña el mismo año, fue detenido este jueves en Italia, según anunció su abogado en su cuenta Twitter.
El eurodiputado independentista Puigdemont fue arrestado al llegar a Alghero, una localidad italiana de la isla de Cerdeña que tiene vínculos históricos con Cataluña, en donde tenía previsto participar para asistir a la reunión internacional Adifolk y para reunirse con el presidente de la región autónoma de Cerdeña.
"Cuando llegó al aeropuerto de Alghero, fue detenido por la policía fronteriza italiana. Mañana será puesto a disposición de los jueces del tribunal de apelación de Sassar (Cerdeña), que es competente para decidir si lo libera o lo extradita", anunció el jefe de oficina de Puigdemont en Twitter.
Sin embargo, el penalista Boye señaló que la euroorden en virtud de la cual se ha practicado esta detención estaba "suspendida por imperativo legal, según establece el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Aseguró que "España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características".
El exdiputado Josep Costa, que también colaboró con la defensa de Puigdemont en diversas ocasiones, apoyó también esta teoría vía Twitter: "España acaba de provocar la detención de un eurodiputado por parte de otro estado miembro de la Unión Europea. Lo ha conseguido engañando al Tribunal de Luxemburgo, aunque dicen que eso no está pasando. La detención durará aproximadamente unas horas, pero la vergüenza de España quedará para la historia".
Por su parte, el presidente del grupo confederal Unidas Podemos en la Cámara Baja no dudó en hablar de una "detención ilegal", por lo que se basa en una orden suspendida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lo cierto es que esta detención abre un diálogo entre los tribunales de España e Italia en cuanto a la entrega del expresidente catalán a la justicia española para que sea juzgado en el Tribunal Supremo. Legalmente, el plazo máximo para decidir sobre esta entrega es de 60 días.
Exiliado en Bélgica desde 2017 para evitar ser procesado por la justicia española, Puigdemont tiene a su nombre una orden de detención europea emitida por España, que reclama su extradición por su papel en la consulta independentista. Este referéndum provocó la mayor crisis política de España en décadas y fue seguido por una declaración unilateral de independencia por parte del parlamento catalán en octubre de 2017.
Por otro lado, el 9 de marzo, el Parlamento Europeo despojó a Puigdemont de la inmunidad de la que gozaba como miembro desde 2019, medida que fue confirmada el 30 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea.
La mayoría de lideres independentistas fueron condenados en 2019 por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, por su papel en la fallida votación. Sin embargo, en junio de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez los indultó.
Con información de France 24
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