En todo Ecuador, la Policía ha capturado a 127 personas implicadas en casos de corrupción en la administración pública. Pero no todos ellos están en la cárcel, 28 cumplen arresto domiciliario pues han mostrado que tienen COVID-19 o enfermedades catastróficas. La Fiscalía y penalistas señalan que esas justificaciones son recursos para evitar la prisión.
La corrupción -en varias instituciones del Estado- salió a flote durante la emergencia sanitaria, especialmente en los hospitales. Por esas irregularidades, existen personas implicadas en los delitos de: cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.
Según el penalista Julio César Cueva, en muchos casos las condiciones que alegan los acusados no son reales. Una de las más utilizadas, en época de pandemia, es aducir contagio de COVID-19.
Por ejemplo, Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, es vigilado por la Policía las 24 horas del día, como parte del arresto en su casa. Esto luego de presentar un certificado médico que indica que su salud es delicada debido a la COVID-19 y que además tiene Parkinson, según contó su abogada.
Jairala Zunino es acusado de peculado, asociación ilícita y delincuencia organizada por las irregularidades en la compra de insumos médicos con presunto sobreprecios.
Para la policía, hacer que sus agentes vigilen el arresto domiciliario de un infractor implica menos uniformados en las calles combatiendo la delincuencia. Por ejemplo, solo en Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 131 personas que cumplen arresto domiciliario por diversos delitos, eso significa que se destinan 393 policías para que todo el día permanezcan dentro de una casa custodiando a un presunto delincuente.
Por eso, esta medida cautelar, según la ley, es obligatoria solo cuando una mujer está embarazada o una persona tiene más de 65 años de edad.
Entradas
0 comments:
Publicar un comentario