En las últimas semanas la “Sultana de los Andes” ha sido el escenario de varias manifestaciones de diferentes sectores, como son para defender los territorios de la provincia de Chimborazo que en la actualidad se encuentran en disputa con la provincia de Cañar y Morona Santiago; la visita del precandidato presidencial Lenin Moreno y la última, la de los usuarios de la Junta de Riego Chambo Guano para demandar la atención del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo para el mantenimiento del sistema de riego que beneficia alrededor de 11 mil familias de esta parte del país. Denuncias. Precisamente en esta última, Steve Mejía, intendente general de Policía, en durante una reunión con alrededor de 110 dirigentes del sistema de riego Chambo Guano, evidenció el reclamo de varios ciudadanos referente a que estas multitudinarias muestras de apoyo son obligadas por los diferentes directivos de las algunas organizaciones. Reunión. “(..)A los dirigentes les conmino que no se les esté sancionando pecuniariamente, es decir, poniendo multas a las personas para que asistan a una movilización, porque varias personas del sistema de riego han acudido a la Intendencia de Policía a quejarse que lastimosamente no quieren movilizarse, pero se está cobrando una multa, por eso con los dirigentes, con los que me reuní, les conmino a cesar este tipo de actitudes para que luego se deslegitime una desmovilización...”, manifestó Mejía. Derecho. En este caso, Fernando Oleas, presidente de la hasta ahora Junta de Riego Chambo Guano, explicó que la marcha hasta los bajos del Consejo Provincial fue una resolución de una asamblea general de dirigentes y que, por lo tanto, no había sanciones económicas. El directivo demando equidad. “Yo me preguntó. ¿Cuándo convocamos a las marchas del mismo señor Prefecto no es obligado? (…) como presidente no he permitido esto”. La versión de Oleas fue corroborada por los presentes. Sanciones. Al respecto, varios agricultores beneficiarios del Sistema de Riego de la Toma 2, en el sector de Yaruquíes, durante una de las mingas comunitarias, informaron de desacuerdos por la obligatoriedad de asistir a la marcha convocada por el prefecto Mariano Curicama para defender los territorios de la provincia. Luis Buñay, uno de ellos, lamentó que su reclamo de no cancelar 20 dólares no haya sido acogida por los directivos. De su parte, una usuaria proveniente de uno de los sectores aledaños a Riobamba y que vive en el sector, desde hace varios señaló que todos deben pagar la multa porque caso contrario, ella no hubiese acudido a la marcha. Gestión. María Romero, una exdirigente de la ciudadela Camilo Ponce, expresó la conveniencia de apoyar a las autoridades siempre y cuando éstas hayan cumplido de forma oportuna los requerimientos de la comunidad. Finalmente, Ana Cáceres, moradora del sector de la ciudadela La Primavera, dijo que sería saludable que tanto ciudadanos y autoridades respeten las leyes.
fuente .laprensa.com.ec/
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