La llegada a los países vecinos de miles de venezolanos y nicaragüenses que huyen de la compleja situación de sus respectivos países ha originado los primeros brotes de xenofobia y exacerbado las tensiones regionales.
Brasil enviará tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de venezolanos de una ciudad fronteriza. Ecuador limita desde el fin de semana su entrada, una medida que Perú aplicará el sábado tras la llegada, la semana pasada, de 20.000 venezolanos. En Costa Rica una protesta xenófoba contra la presencia de nicaragüenses sacó el sábadoa la calle a centenares de personas, algunas con esvásticas. La ONU estima que 2,3 millones de venezolanos han huido de su país.
Cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres hacia Brasil y Colombia en los últimos meses para intentar escapar de la situación económica, política y social que vive su país. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800.000. Centenares emprenden cada día una trayectoria terrestre para alcanzar Perú, Chile, Argentina e incluso Uruguay. Perú, que desde hace dos años les otorga un permiso temporal de trabajo, estima que casi 400.000 venezolanos se han establecido en su territorio desde hace un año. El pico fue el 11 de agosto pasado, cuando entraron en un solo día 5.100.
En Ecuador, según datos del Ministerio del Interior, al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, si bien los que permanecen en el país son unos 250.000. Ante las críticas, Quito ha eliminado la exigencia de pasaporte para el ingreso en el país de niños y adolescentes venezolanos siempre que lleguen acompañados de sus padres o tutores con el citado documento. Las restricciones administrativas tuvieron un efecto inmediato y ya el sábado se registró poca afluencia de venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando entró en vigor la exigencia de presentar el pasaporte. “Ya no hay venezolanos esperando en Rumichaca”, informó la televisión ecuatoriana Teleamazonas, en referencia al paso fronterizo entre Ecuador y Colombia.
Paralelamente, la compleja situación desatada en Nicaragua desde mediados de abril, ha provocado el éxodo de miles de nicaragüenses, la mayor parte de los cuales se ha refugiado en Costa Rica. No hay datos oficiales del número real de llegadas, porque muchos de ellos entran por veredas, como se llaman los pasos informales en la frontera entre los dos países, pero en los cantones fronterizos su presencia resulta cada vez más visible.
La presión migratoria de venezolanos y nicaragüenses en países en delicado equilibrio a causa de la compleja situación y el aumento de la criminalidad está originando una situación muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. La ciudad de Paracaima, en el Estado de Roraima (norte de Brasil, frontera con Venezuela), se ha convertido en una bomba de relojería. La localidad, de 16.000 habitantes, es la puerta de entrada de los venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro. Por ahí han llegado en los últimos meses más de 40.000 venezolanos y muchos de ellos —un millar, según distintas fuentes— se alojan en tiendas repartidas por la ciudad. El sábado, después de que un comerciante local fuera asaltado y agredido por cuatro venezolanos, según la versión de la policía local, la población reaccionó con una protesta en contra de los migrantes presentes la ciudad. Los manifestantes destruyeron sus tiendas de campaña, quemaron sus pertenencias y atacaron a los venezolanos con piedras y artefactos incendiarios artesanales.
Antes abierta a la llegada de venezolanos, que solían cruzar la frontera para comprar en sus tiendas, Paracaima es una ciudad asustada por el creciente flujo migratorio desde el país vecino. Parte de los venezolanos busca oportunidades de trabajo allí y otros continúan viaje hacia Boa Vista, capital de Roraima, a 200 kilómetros de distancia. En febrero, el presidente de Brasil, Michel Temer, admitió la vulnerabilidad de los extranjeros y anunció medidas de ayuda, además de proponer llevarlos a otras ciudades del interior del Estado y otros Estados como São Paulo, a 3.500 kilómetros de Roraima.
Otros países han comenzado a exigir visado a los venezolanos. Chile pide un certificado de antecedentes penales que debe emitir el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, además de la obligatoriedad de que el pasaporte no expire en los siguientes 18 meses a la entrada. Además, el consulado venezolano en Chile ha comenzado a solicitar el pago de 50 dólares americanos por la compulsa de certificados de penales a sus ciudadanos, una cantidad desorbitada para la mayoría de los refugiados.
Fuente: Globovisión/El País/ADB
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