Responsables de seguridad de Ecuador y Brasil firmaron este jueves en la capital ecuatoriana un convenio de cooperación interinstitucional entre las Policías de ambos países, destinado a fortalecer los esfuerzos contra el crimen organizado.
La rúbrica del acuerdo tuvo lugar a mediodía en un hotel de Quito y de parte de Ecuador lo hizo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mientras que de lado brasileño, el titular de Seguridad, Sergio Moro.
El convenio de cooperación establece un marco para el incremento de las acciones coordinadas entre la Policía Federal de Brasil y la Policía Nacional de Ecuador, «con el objetivo de fortalecer las acciones en contra del crimen organizado», indicó el Twitter oficial del Ministerio de Gobierno.
La titular de esa Cartera estuvo acompañada en la firma del documento por el comandante general de la Policía Nacional ecuatoriana, Nelson Villegas, y el de la Federal brasileña, Mauricio Leite Valeixo.
«Hoy hablamos de delincuencia organizada transnacional y del delito que supera las fronteras. La Policía debe estar conectada y articulada para traspasar barreras y trabajar en conjunto», manifestó la ministra ecuatoriana en el acto.
Este nuevo entendimiento bilateral con Brasil, según añadió, servirá para «mejorar y ampliar la cooperación en la prevención y lucha contra la delincuencia organizada transnacional» y otros delitos conexos, económicos y cibernéticos.
La firma del acuerdo se produjo en el marco de la VII Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), que inauguraron el miércoles el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con un llamamiento a fomentar una mayor cooperación regional contra la delincuencia organizada.
En ese contexto, la ministra de Gobierno de Ecuador adelantó que la cita analizará los casos de violencia registrados en las últimas semanas en la región.
Entre las amenazas actuales, Romo mencionó la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico de drogas, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de emigrantes, conflictividad violenta socio-política, afectaciones a la naturaleza y la vulneración de la información, entre otras. EFE
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