En la actualidad son varios los países en el mundo que castigan la corrupción con sanciones altas e incluso, con la pena de muerte.
Singapur, China, Indonesia y Corea del Norte, son algunas de las naciones que establecen en su ley la pena máxima para aquellos que cometen este delito.
En Singapur, país en el que se ha reducido la corrupción en los últimos años, son ejecutados los que, al incurrir en este delito, ocasionen la muerte de otra persona. Además de ello, los que roben los presupuestos destinados a hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres también pueden recibir la pena máxima.
En Corea del Norte las leyes establecen que la pena de muerte puede ser aplicable por múltiples ofensas como asesinato, actos de terrorismo, robo al estado, traición y otros delitos considerados “crímenes contra el Estado y/o el pueblo”.
En China la pena de muerte puede ser aplicada a personas que cometan crímenes económicos. Esto incluye soborno, fraude, robo agravado, falsificación de dinero, complicidad con traficantes y estafa a los recursos del Estado. Los únicos métodos aprobados de ejecución son la inyección letal, el fusilamiento y la horca.
La ley de Indonesia también establece la pena máxima cuando se trata de un crimen económico, solamente, con alto detrimento para el Estado. Sin embargo, en los últimos años varios políticos han querido aplicar la medida a quienes comenten menores delitos como robos o asaltos.
Aunque Reino Unido no castiga con pena de muerte la corrupción, es uno de los países líderes en el mundo en la lucha contra este delito. El Acta de Corrupción del año 2010 de dicho país ha sido calificada en numerosas ocasiones como ‘la legislación anticorrupción más dura del mundo’. Las penas van desde los 10 años de cárcel (o más tiempo de condena si es desde la función pública), una multa ilimitada, hasta la posibilidad de confiscación de la totalidad de las propiedades del condenado y sus socios.
Emiratos Árabes Unidos es otro de los países que castiga con altas sanciones la corrupción, sobre todo, su capital. En el 2014, Mohamed bin Rashed al Maktum, actual primer ministro y vicepresidente del país, quien para ese entonces gobernador de Dubai, aprobó una ley para castigar con penas de hasta veinte años de cárcel a aquellos que cometan este delito.
En Alemania hay numerosas medidas para frenar el delito. Existen asociaciones y un gran número de investigadores dedicados a luchar contra los crímenes económicos. Las penas por corrupción llegan hasta los 10 años de cárcel, una multa o ambas cosas. Si se comete el delito en un cargo público, la persona debe pagar una multa y también podrá cumplir penas de hasta tres años de cárcel. Por corrupción en transacciones comerciales y por soborno electoral la pena es de hasta 5 años. Las multas pueden llegar al millón de euros y los condenados pueden ser inhabilitados para siempre de su profesión.
Vía El Tiempo
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