Aún no han llegado las primeras vacunas adquiridas por el Estado colombiano para comenzar el plan nacional de inoculación contra la covid-19, cuando la posibilidad de que empresas puedan comprar la vacuna para comercializarlas ha generado un debate sobre cuál debe ser el papel de los privados en inmunización de la población colombiana. Mientras algunos creen que no se debe excluir al sector privado, otros piensan que el proceso debe ser exclusivo del Estado. ¿Debería permitirse que iniciativas privadas ofrezcan dosis adicionales a las del Gobierno?
Hace ocho días, el Gobierno de Colombia, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que ya tiene definidas las principales disposiciones del decreto definitivo del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19. Además de especificar el calendario, las fases y el orden en que los colombianos serán inmunizados, Ruiz afirmó que en el decreto queda contemplado que, en un principio, el Ministerio de Salud será la única entidad encargada de importar vacunas para la covid-19. Sin embargo, queda la puerta abierta para que, en un momento avanzado del Plan, la cartera autorice la importación y comercialización de las dosis y su condiciones, reseñó Semana.
En esta etapa preliminar, el Estado ya invirtió cerca de 214 millones de dólares en la adquisición de vacunas a través del mecanismo Covax, pero todavía no se sabe la cifra de los contratos con Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Con estos acuerdos Colombia asegura casi 50 millones de dosis para vacunar a 29 millones de personas.
A la expectativa por el inicio del Plan de Vacunación, se suma la incertidumbre sobre si las empresas privadas y entes territoriales pueden adquirir por cuenta propia las dosis a partir del segundo semestre del año. Ya hay empresas que han mostrado su interés en hacer la distribución y en entablar conversaciones con las farmacéuticas, aunque en este momento la prioridad son las naciones. En teoría, cualquiera de las 16 alternativas de vacunas que están en fase III podrían comercializarse en Colombia, siempre y cuando tengan la autorización del Invima.
Esa posibilidad ha generado la oposición de algunos sectores de la sociedad colombiana, que consideran que la participación de los privados podría darles prioridad a los que tienen el dinero para pagar las dosis y no a los que realmente las necesitan. También hay dudas sobre cómo sería la reglamentación para evitar la especulación.
A su vez, los defensores de la propuesta afirman que no solamente hay un incentivo lucrativo, sino también un interés en soportar el proceso de vacunación. Instituciones académicas como la Universidad de los Andes afirman que de adquirir un lote de vacunas las proporcionarían de manera gratuita.
En el mundo hay algunas iniciativas privadas que, en coordinación con los gobiernos, han logrado llegar a acuerdos para ayudar a que el proceso de vacunación sea más rápido, como en Estados Unidos e Inglaterra. En un principio, el objetivo de las compañías privadas es agilizar la distribución e inmunización de la población.
Para que esta metodología funcione en Colombia, los privados deben esperar a que el Ministerio de Salud dé un aval. Todavía no se tiene claro cómo sería la reglamentación para los privados, pero seguramente se prevé que ellos deban presentar un plan de uso o de comercialización y garantizar un registro de las personas inmunizadas. Además, deberán asegurar que la aplicación de las vacunas importadas se realice en instalaciones de prestadores de servicios de salud.
Fuente: Semana
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