Defensores de Derechos Humanos presentaron ayer ante la fiscalía una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de al menos 38 personas durante la ola de protestas que desencadenaron violentos enfrentamientos en el país.
Alvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), presentó la denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas.
La acción presentada por la Anpdh junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos responsabiliza a las autoridades por los muertos, heridos y de-saparecidos de las protestas.
Contra inmunidad
Contra inmunidad
Leiva explicó que la acción presentada ante el Ministerio Público insta también a la Asamblea Nacional (congreso) a levantar la inmunidad a Ortega y los otros acusados para que puedan enfrentar la denuncia en los tribunales correspondientes.
El parlamento nicaragüense está ampliamente dominado por legisladores afines al gobernante Frente Sandinista (izquierda), de Ortega, por lo cual es poco probable que acceda a levantar la inmunidad al Presidente y sus allegados.
La represión de las protestas iniciadas la semana pasada contra una reforma a la quebrada seguridad social del país despertó fuertes condenas de personalidades internacionales.
La cifra de muertos a causa de la represión gubernamental durante las manifestaciones ascendió a 38 en Nicaragua, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Tribunales internacionales
Tribunales internacionales
Leiva admitió la posibilidad de que la demanda presentada este jueves no prospere en la justicia de Nicaragua, controlada por Ortega, pero dijo que en tal caso lo llevaría a diferentes foros internacionales.
“En caso de que no proceda, que no se tome ninguna acción en Nicaragua, se está dando el camino en los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU”, adelantó el activista.
Esperando el diálogo
Esperando el diálogo
Mientras tanto, Nicaragua se mantenía a la expectativa del inicio de un diálogo nacional para resolver las demandas surgidas de la violenta ola de protestas.
Graves abusos
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aseguró a la AFP que el gobierno incurrió en “una violación masiva de Derechos Humanos” durante las protestas, al denunciar la muerte de manifestantes, torturas a los detenidos, agresiones a periodistas, el cierre de medios de comunicación y daños a la propiedad.
Jóvenes que estuvieron presos relataron las palizas que sufrieron a manos de las autoridades tras ser liberados con las cabezas rapadas, algunos sin zapatos y otros semidesnudos.
“Nos iban golpeando a todos en el estómago con patadas, puños (y) con el mismo garrote que usan ellos, nos daban en la cabeza”, contó Marvin Guevara, un estudiante de 26 años.
AFP Y EFE
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