La operación terminó la madrugada de ayer. Fiscales y policías entraron a las oficinas del ECU-911 y del Ministerio de Justicia. La idea fue recabar información que aclare la fuga del exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado. Cerca de la 01:00, el secretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, dijo que la incursión es una “consecuencia de la reunión mantenida con el fiscal General del Estado, Paúl Pérez”.
De hecho, tras esa cita el contralor del Estado, Pablo Celi, anunció lo acordado: exhortar a Pérez para que establezcan medidas más severas en contra de exfuncionarios que son investigados.
La idea es que no se fuguen, tal como lo hizo Alvarado. Actualmente, la Fiscalía conoce denuncias en contra de 11 personas que ocuparon altos cargos mientras Rafael Correa era presidente de la República y que aún están libres.
En esa lista se encuentra, por ejemplo, el hermano de Fernando Alvarado, Vinicio. En su contra existe un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado por contratos de servicios de asesoría y consultoría en programas de imagen y un plan de marketing de turismo.
Además, aparece el exministro José Serrano; elexsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Pero también hay expedientes abiertos contra el exprocurador Diego García o el exfiscal Galo Chiriboga. Este grupo es indagado por presunta delincuencia organizada, una denuncia que presentó el exlegislador César Montúfar.
La Fiscalía emitió un comunicado sobre el allanamiento de la madrugada y en la parte final aseguró que a 15 días de que se cierre la fase pública para investigar el tema de peculado en contra de Alvarado “continúan las diligencias”.
A las 10:00 de hoy, por ejemplo, se desarrollará una audiencia contra Alvarado. La diligencia se realizará bajo la figura denominada “Incumplimiento de medida”. El abogado del exfuncionario, Carlos Zavala, pidió que se difiera la cita judicial. Pero adelantó que es muy probable que a cambio del brazalete se adopte otra medida en contra de su cliente.
Grilletes electrónicos
La tarde de ayer, el ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, dio a conocer detalles del funcionamiento del grillete electrónico del que se despojó Alvarado. El funcionario aseguró haber solicitado un informe a la empresa encargada del funcionamiento de los aparatos.
El documento dio cuenta que entre el 28 de agosto y el 13 de octubre del 2018 se emitieron 245 alertas de que la pulsera fue quitada y 545 alertas de que la pulsera se apagó.
Sin embargo, según Granda, no se notificó estas anomalías ni al Ministerio de Justicia ni al sistema de seguridad ECU-911.
Diario El Comercio
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