The Washington Post,  uno de los principales diarios de Estados Unidos, publicó nuevos informes sobre contrataciones fraudulentas y con sobornos, firmadas ilegalmente por Javier Troconis designado por el líder opositor, Juan Guaidó, como "Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos de Venezuela".

La investigación, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales.

Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Washington Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares con PDVSA que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares). 

Asimismo, habría acordado una comisión por $ 26 millones para un abogado argentino llamado Sebastián Vidal.

En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de $ 26 millones.

José Ignacio Hernández, a quien Guaidó designó en 2019 como su supuesto procurador, dijo que “se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de $ 26 millones”.

Troconis le dijo a The Post que había sido puesto en contacto con Vidal por miembros de la oposición venezolana cuyos nombres no podía recordar. Dijo que Vidal lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador, y estuvo de acuerdo. Desafió la afirmación de Hernández de que su trabajo no le otorgaba el derecho legal para negociar acuerdos y presentó una carta de Guaidó que, según dijo, autorizaba su participación en las conversaciones de Paraguay, refirió el conocido medio estadounidense.

El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $ 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentos de Venezuela. 

Tanto Troconis como la firma dijeron que firmó el contrato en nombre del gobierno de Guaidó. El comité no comentó sobre el acuerdo en su informe preliminar. Pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.

“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el Fiscal General de la República”, escribió Falcón en un correo electrónico a The Washington Post. “Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y por lo tanto inválido”.

Javier Troconis Calderón, oriundo de Barinas, es un contratista de PDVSA en la Faja del Orinoco a través de la compañía de servicios ambientales T&C Services. En febrero de 2019 fue designado director de Citgo y en agosto del mismo año comisionado para recuperación de activos.

Por su parte, el abogado Sebastián Vidal, gestor del contrato (que no se llegó a ejecutar), tiene sobrados "méritos" para ese negocio: su cliente Carlos Abdo (empresario argentino-paraguayo del fútbol), expresidente de San Lorenzo Almagro, es primo del actual presidente de Paraguay Mario Abdo.

En 2015, Vidal fue designado síndico principal (equivalente a figura de comisario) de la Petrolera del Conosur, la empresa de distribución de derivados petroleros de PDVSA en Argentina. 

En septiembre del 2020, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que representantes de Juan Guaidó solicitaron 750 mil dólares para adjudicación de contrato al Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), empresa que se robaría activos de Venezuela en Petrocaribe.

En esa oportunidad explicó que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en 2019 a Guaidó, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe.

Entre los encargados de presentar dichas negociaciones se encontraban: Javier Leonardo Troconis y José Ignacio Hernández González.

De acuerdo con el mencionado medio, los empresarios en Miami, Estados Unidos, Jorge Reyes y Pedro Antar identificaron hasta 40 mil millones de dólares en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las participaciones, incluidas acciones de empresas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

En ese contexto, Reyes reveló al diario estadounidense que Guaidó llamó él mismo en abril de 2019 para expresar interés. Eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición liderada por el golpista y respaldada por Estados Unidos y sus agentes, agregó el rotativo.

Durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas “impactantes”.

Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de 750 mil dólares a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó, agrega el rotativo estadounidense.

“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión. . . . O pagamos o no obtuvimos el contrato “, manifestó