El exministro de Gobierno (Interior) de Bolivia de la expresidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue arrestado en Miami junto con su exasistente y tres empresarios estadounidenses. Todos están acusados de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por el país sudamericano cuando Murillo se encontraba en funciones.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo “jefe de Gabinete” (asistente principal) Rodrigo Méndez Mendizábal y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado recibieron 602.000 dólares en coimas de parte de los tres estadounidenses detenidos. Estos son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor para la compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares, reseñó El País.
El informe señala que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de 2019, días después de la llegada de Jeanine Áñez al poder, y abril de 2020, con la intención de “obtener y mantener” este contrato de intermediación. Para el Gobierno boliviano, Bravo Tactical Solutions se quedó con algo más de 2,3 millones de dólares del total del contrato, ya que el pago real a la fábrica ascendió únicamente a 3,3 millones.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, de acuerdo a las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los tres dueños de Bravo Tactical Solutions “lavaron el dinero” que recibieron de la transacción en bancos del sur de Florida y “orquestaron el pago de 582.000 dólares en efectivo a Murillo y Méndez”.
El sucesor de Murillo en el ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que Bolivia pediría la extradición de este y del exministro de Defensa de Áñez, Fernando López, quien firmó el contrato de compra de los gases. López afirmó en un tuit que ve la investigación del FBI como “una luz de esperanza”, sugiriendo que el único responsable de lo sucedido fue su excolega Murillo.
Ambos eran considerados los “halcones” del Gobierno interino que se hizo cargo del país luego del derrocamiento del presidente Evo Morales, y se encargaron de forma protagónica de la represión de las protestas que explotaron contra la llegada de Áñez al poder, que se saldó con más de 30 muertos. Murillo fue el principal responsable de la persecución judicial y policial contra los jerarcas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. También llamó la atención con declaraciones como que haría una “cacería humana” en contra de un colaborador de Morales y que “daría su vida” con tal de que el MAS no volviese al poder.
Poco antes de estos sucesos, Del Castillo había acusado a Murillo de “hacer desaparecer” 400 kilos de cocaína comisada por la policía y de haber impedido la extradición del “pez gordo” del narcotráfico Einar Lima Lobo, quien debía ser trasladado al Brasil antes de la gestión del Gobierno interino, pero solo fue expulsado de Bolivia cuando dicha gestión acabó. Del Castillo también denunció que 52 ex uncionarios del Ministerio de Gobierno en el tiempo de Murillo estaban involucrados en casos de corrupción.
Murillo llegó a ser el principal ministro de Jeanine Áñez por su amistad con la expresidenta. Ambos eran senadores del ala más dura de la oposición cuando se produjo la caída del MAS. Murillo era tan cercano a la mandataria que en algunas apariciones públicas de ambos le dictaba en voz alta los puntos que debía tocar. Según el Gobierno boliviano actual, Áñez está relacionada con el “clan mafioso” que conformaron sus dos exministros de seguridad. Hoy ella se encuentra en una cárcel de La Paz, acusada de terrorismo, sedición y conspiración para echar del poder a Evo Morales. Esta acusación ha sido criticada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y acérrimo opositor, se ha sumado al pedido de extradición. “En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude (que se acusa a Morales de haber realizado en las elecciones de octubre de 2019), pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha”, declaró.
Fuente: El País
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