Crece el fenómeno de las “narcoalcaldías”

En distintos países latinoamericanos, las pandillas y carteles se han dado cuenta del valor de controlar los gobiernos locales.

Hace unos años atrás, los recién electos miembros del concejo de la ciudad de Apatzingán se encontraron con una fuerte sorpresa en el primer día en sus puestos. Uriel Chávez Mendoza, alcalde de la ciudad, les explicó que el poderoso cartel Los Caballeros Templarios les quitaría un tercio de sus sueldos mensuales. En una entrevista después de que el alcalde mismo fuera arrestado en 2014 por extorsión y vínculos al crimen organizado, los aterrorizados miembros del concejo contaron cómo recibían amenazas constantes y presiones para ajustarse a las necesidades del cartel. Chávez Mendoza incluso redactó legislación que hubiese entregado un tercio del presupuesto de la ciudad a una empresa fantasma controlada por el cartel.

El crimen organizado sigue extendiéndose por algunos países de Latinoamérica y la posición de alcalde se ha convertido en uno de los blancos preferidos por estas organizaciones. Cada vez más pandillas están organizándose dentro de los ayuntamientos: extorsionan para dar “protección” o recursos o bien rápidamente eliminan a quienes amenazan sus actividades ilícitas.

En una época en que se le está dando cada vez más importancia al puesto del alcalde, delincuentes con buenas conexiones se han dado cuenta de los mismos hechos que los analistas políticos: la alcaldía tiene una importancia estratégica para controlar políticas locales que afectan a las vidas diarias de los residentes.

También es un importante centro de ingresos. Los gobiernos municipales proveen una vía excelente para cometer varios delitos, entre ellos el lavado de fondos ilícitos, el robo de un porcentaje de los contratos de la ciudad, la extorsión de infelices subordinados, la entrega de puestos a aliados, la usurpación de la fuerza del personal local de seguridad y el encubrimiento del narcotráfico.

Algunos de los últimos ejemplos más atroces se han dado en México, donde la vulnerabilidad sistémica de la alcaldía al crimen organizado está bien documentada. En uno de los casos más famosos de los últimos años, en 2014 fueron arrestados José Luis Abarca, antiguo alcalde de la ciudad de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en conexión con la desaparición de 43 manifestantes estudiantiles. Se les sospecha de ordenar los ataques contra los estudiantes y de gobernar al pueblo en complicidad con una pandilla local llamada Guerreros Unidos.

Al otro lado del espectro está Gisela Mota, asesinada el 2 de enero de 2016, una después de asumir el puesto de alcaldesa de la ciudad mexicana de Temixco. Las autoridades dijeron que el asesinato fue parte de una campaña de Los Rojos, otra pandilla local, con el fin de controlar a los gobiernos municipales y los recursos públicos relacionados.

Otros reportes de otras partes de Latinoamérica resaltan las formas en que los grupos de crimen organizado están centrando sus esfuerzos en gobiernos regionales. En Honduras el alcalde del pueblo de Sulaco fue arrestado el año pasado por cargos de homicidio múltiple. En Guatemala, el alcalde de la ciudad de Antigua fue arrestado en enero por la presunta asociación ilícita, extorsión y malversación de fondos. También a principios de 2016 el alcalde del pueblo de San Francisco Gotera, en El Salvador, fue condenado a trece años de prisión por el narcotráfico.