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22 feb 2020

Por temor a la inyección letal, los condenados a muerte prefieren la silla eléctrica

 Nicholas Sutton, al igual que otros presos condenados a muerte en Tennessee, puede elegir cómo prefiere que ese estado acabe con su vida.

La opción establecida en la legislación estatal es una serie de inyecciones: una para sedarlo, seguida de otras cuya función es paralizarlo y hacer que su corazón se detenga. Sin embargo, Sutton, al igual que otros cuatro presos que han sido ejecutados antes que él en Tennessee desde 2018, optó por la otra alternativa que ofrece el estado: dos ciclos de 1750 voltios de electricidad.
En todo el país, la silla eléctrica se considera un método del pasado; ningún otro estado lo ha empleado desde 2013. No obstante, algunos defensores de los reclusos y abogados afirman que los condenados en Tennessee prefieren morir electrocutados porque temen quedar paralizados y experimentar una intensa incomodidad durante el tiempo que las sustancias que les inyecten tarden en matarlos, reseñó Infobae.

Hace poco, en Ohio, un juez federal escribió que parte del protocolo del estado para la inyección letal es similar a la técnica de tortura del “submarino”, y algunos procedimientos mal realizados en otros estados provocaron que los condenados se revolcaron en agonía.
“Cuando todo sale a la perfección, son aproximadamente catorce minutos de dolor y horror”, explicó Stephen Kissinger, defensor federal asistente que ha representado a Sutton y otros presos condenados a muerte. “Por otro lado, cuando consideran la electrocución, piensan en el tiempo que tarda”.

Tennessee es uno de los estados que, hace más de dos décadas, decidieron emplear la inyección letal como el principal método para las ejecuciones, ya que a los legisladores les pareció que, en apariencia, era una alternativa más tranquila y menos violenta que la electrocución.
Sin embargo, esa percepción se colocó en duda desde hace algunos años debido a la amplia difusión de información sobre algunos errores y ejecuciones problemáticas, incluida una en Oklahoma, en 2014, en la que el condenado recuperó la conciencia. 

Además, muchas empresas farmacéuticas han puesto más trabas para que los estados adquieran las sustancias adecuadas, pues no quieren que se les asocie con el término de una vida.
En general, ha habido menos condenas a muerte en Estados Unidos; siete estados realizaron veintidós ejecuciones en 2019, cifra que ocupa el segundo lugar entre los números más bajos registrados desde 1991. 

El año pasado, Nuevo Hampshire se convirtió en el estado número 21 en eliminar la pena capital, y el último en Nueva Inglaterra. 
Hace un año, Ohio suspendió las ejecuciones mientras los funcionarios estatales estudiaban un nuevo protocolo para la inyección letal, pues no fue posible obtener los fármacos y un juez federal determinó que el método podía causarle a los internos “dolor agudo y sufrimiento innecesario”.

“Ohio no va a ejecutar a nadie durante mi mandato si un juez federal afirma que es un castigo cruel e inusual”, aseveró el gobernador republicano Mike DeWine el año pasado.
Otros estados, en cambio, han vuelto a aplicarla todavía con más resolución. La semana pasada, funcionarios estatales en Oklahoma anunciaron que volverían a aplicar la inyección letal tras una suspensión de cinco años y una serie de ejecuciones mal logradas.

En Tennessee, el protocolo establece que deben inyectarse tres sustancias distintas: midazolam, que funciona como sedante, bromuro de vecuronio, que paraliza al reo, y cloruro de potasio, que hace que se detenga el corazón. Dorinda Carter, vocera del Departamento de Correccionales del estado, hizo notar que “la inyección letal se ha considerado constitucional en varias ocasiones en Tennessee”.
El gobernador republicano del estado, Bill Lee, tampoco ha dejado de apoyar la pena de muerte, y en una entrevista con Associated Press publicada en diciembre señaló que el castigo todavía le parece “apropiado para los delitos más atroces”.

Algunos expertos médicos refutan este argumento, pues dicen que la inyección letal fuerza al máximo los límites constitucionales en el tema de qué se considera un castigo cruel. 
Joel Zivot, profesor adjunto de Anestesiología y Cirugía en la Universidad Emory, comentó que el sedante incluido en el grupo de tres fármacos no ayuda a los condenados a soportar el dolor y el paralizante disfraza el tormento que experimentan.

“No se percibe mucho”, dijo Zivot. “Ves a una persona acostada ahí”. Añadió que crea la impresión de que los reos tan solo “se quedan dormidos y luego mueren”. Más bien, los fármacos pueden provocar que sus pulmones se llenen de líquido, y así causarles asfixia, además de producirse la sensación de estarse quemando.

Fuente: Globovisión /Infobae/GM 

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