El año más caótico y crítico para Ecuador, en medio de un vendaval económico y una compleja gestión de la crisis sanitaria, termina abriendo la puerta al futuro político. Este jueves, 31 de diciembre, arranca la campaña electoral para elegir al presidente que sustituirá a Lenín Moreno y que gobernará durante cuatro años un país acorralado por el impacto del coronavirus, por sus deudas y por las estrecheces fiscales.
La carrera electoral comienza repleta de dudas, impugnaciones y fuertes tensiones entre los partidarios del expresidente Rafael Correa y sus detractores.
A un día del inicio oficial de los 36 días de campaña los preparativos aún están a medias. Hay 16 listas confirmadas, mientras las autoridades electorales están inmersas en un cruce de decisiones discordantes sobre la participación de Álvaro Noboa. Se trata del aspirante de una candidatura llamada Justicia Social, que surgió a mitad de la precampaña pese a haber renunciado inicialmente en pro de un candidato de consenso que frenara el regreso del correísmo y su aparición abrió una válvula de escape para esa gran masa gris de votantes que no quieren dar su apoyo a Guillermo Lasso, de la alianza conservadora CREO-PSC, ni a Andrés Arauz, el nuevo rostro que auspicia el expresidente Rafael Correa desde Bélgica.
Las encuestas, difusas y contradictorias entre sí, colocan a Noboa entre los favoritos, pese a que su postulación no está ni siquiera aprobada. Llegó tarde a las primarias internas de su organización política y, por ello, el Consejo Nacional Electoral le impidió formalmente lanzarse a la carrera a Carondelet. Pero el movimiento Justicia Social está planteando una batalla jurídica en la que el Tribunal Contencioso Electoral —que dirime los recursos o reclamos ante las decisiones de la autoridad electoral— le dio una oportunidad. Este aspirante tiene aún una oportunidad de cumplir los trámites de designación interna de forma extemporánea y así entrar en la pugna presidencial.
El caso llegó hasta la Corte Constitucional, que inadmitió una demanda del CNE contra el tribunal electoral por conflicto de competencias y ahora todo está en el aire. Hay incluso una denuncia por infracción electoral contra cuatro de los cinco miembros del CNE que se aclarará en enero, días después del inicio de campaña. La única certeza es que no se retrasará la fecha de votación: la primera vuelta será el 7 de febrero y, en caso de que ningún candidato logre ganar con suficiente margen habrá una segunda vuelta, que se celebrará el 11 de abril.
Lenín Moreno ha ratificado, por su parte, que dejará el cargo el 24 de mayo, en el acto de entrega de poderes que se celebrará en la Asamblea Nacional. Quien se haga con la banda presidencial heredará un país que no ha corregido los desequilibrios fiscales en los últimos cuatro años.
El expresidente Rafael Correa terminó una década de gobierno con una economía sobreendeudada por encima del límite constitucional, y una inercia presupuestaria en la que los gastos eran siempre superiores a los ingresos con un brecha oscilante entre 4.000 y 7.000 millones de dólares anuales: del 4 al 7 % del PIB nacional.
Moreno, aliado y vicepresidente de Correa, se desmarcó pronto de su predecesor, pero en tres años y medio solo deja una parte de los deberes cumplidos. Logró renegociar con sus acreedores la deuda soberana este 2020, en mitad de la pandemia, y concedió al futuro presidente un balón de oxígeno al acordar con los prestamistas cinco años de gracia en el pago de capital y dos años para los intereses de una deuda de más de 17.000 millones de dólares.
Consiguió una quita de 1.500 millones y rebajar la tasa de interés que oscilaba entre un 7,7 % y un 10,7 % a un promedio de 5,3 %. El acuciante cronograma de pagos de los siguientes 10 años se estiró para poder cumplirlo entre 2023 y 2040.
Esa gestión abrió la llave, además, a la llegada de recursos frescos del Fondo Monetario Internacional. Van 4.000 millones de dólares en el último semestre de un programa total de 6.500 millones que, como contraparte, exige a Ecuador aplicar fuertes reformas para revertir en dos años un déficit anual. De casi 9.000 millones —en una economía que mueve en torno a 100.000 millones al año— debe quedar en un leve superávit de 600.
El Gobierno de Moreno tiene apenas cinco meses para completar los cambios en materia tributaria, laboral y fiscal, pese a tener una Asamblea fragmentada y sin mayoría garantizada. De lo contrario, los ajustes económicos quedarán en manos del siguiente presidente que, además, deberá seguir lidiando con los estragos de la pandemia de covid-19.
Fuente: El País
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