El presidente de Malí, Bah Ndaw, y su primer ministro, Moctar Ouane, fueron detenidos este lunes por un grupo de militares y trasladados a la fuerza a la base castrense de Kati, a unos 15 kilómetros de la capital, Bamako.
Esta detención se produce pocas horas después del nombramiento de un nuevo Gobierno de transición del que fueron excluidos dos generales que participaron en el golpe de Estado del año pasado, Sadio Camara y Modibo Koné, aunque cuatro de los miembros del nuevo Ejecutivo siguen siendo militares. La comunidad internacional ha reaccionado con firmeza exigiendo la liberación de los dos altos cargos detenidos y mostrando su apoyo a la transición.
Bamako ha amanecido este martes en relativa calma, pero en medio de una gran expectación tras la detención de Ndaw y Ouane. Todas las fuentes consultadas indican que se trata de una reacción de descontento por parte de la junta militar que tomó el poder el pasado mes de agosto y que ha visto reducida su influencia en el Gobierno tras los nombramientos anunciados este lunes. Los golpistas confiaban en conservar las carteras de Defensa, Seguridad, Administración Territorial y Reconciliación Nacional, pero las dos primeras fueron entregadas a los generales Souleymane Doucouré y Mamadou Lamine Diallo, enfrentados al sector del Ejército que protagonizó el golpe de Estado de agosto.
El ambiente se había enrarecido mucho en las últimas semanas, sobre todo debido a una huelga general convocada por la poderosa central sindical Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM) que había logrado paralizar numerosos servicios públicos y por el creciente distanciamiento entre la sociedad civil, encabezada por el movimiento M5-RFP (Agrupación de Fuerzas Patrióticas), y las autoridades de transición.
El pasado 14 de mayo, Moctar Ouane presentó su dimisión como primer ministro, pero el presidente Ndaw le volvió a colocar en su puesto con el encargo de nombrar “un Gobierno más inclusivo” en el que la clase política tuviera más peso.
Buena parte de la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y contundencia para mostrar “su firme apoyo a las autoridades de transición”. En un comunicado conjunto firmado por la Unión Africana, la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Malí (Minusma), la Unión Europea, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, se exige “la liberación inmediata e incondicional” de los dos altos cargos y de sus colaboradores también detenidos. Está previsto que Goodluck Jonathan, mediador de la Cedeao, llegue este martes a Bamako para tratar de rebajar la tensión.
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En el momento de su detención, el primer ministro se encontraba en conversación telefónica con un periodista de la Agencia France Press: “Lo confirmo: hombres de Goïta [el coronel que lidera la junta militar que dio el golpe de estado el 18 de agosto de 2020 y actual vicepresidente] han venido a buscarme para llevarme a la casa del presidente, que vive cerca de mi residencia”. Instantes después se cortó la comunicación, según la citada agencia.
El pasado 18 de agosto, tras meses de manifestaciones lideradas por el M5-RFP, un grupo de oficiales protagonizó un golpe de Estado en Malí y derrocó al entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita. Tras intensas negociaciones con la Cedeao, la junta militar nombró presidente al coronel retirado Bah Ndaw, pero logró mantener el poder con una notable presencia en el Consejo Nacional de Transición y en el Gobierno nombrado poco después encabezado por el civil Moctar Ouane.
Los acontecimientos que se viven en Malí son muy similares a los que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2012, cuando los militares que protagonizaron un golpe de Estado nueve meses antes detuvieron al primer ministro de transición Cheick Modibo Diarra, con quien habían mantenido notables desencuentros, y lograron forzar su dimisión.
El norte y centro de Malí se enfrentan a la constante amenaza de grupos yihadistas que llevan a cabo atentados y ataques que sufren sobre todo miembros del Ejército y de la misión de Naciones Unidas. Esta violencia ha provocado también la muerte y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de civiles. Estaba prevista la celebración de un referéndum constitucional el próximo mes de octubre así como unas elecciones presidenciales y legislativas en febrero-marzo del próximo año que pusieran fin a la transición y devolvieran el poder a autoridades civiles.
Fuente: El País
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