El acoso sexual en la calle es una realidad para miles de mujeres cada día y coarta sus libertades como ciudadanas. Francia quiere ahora que esta actitud le cueste también a los acosadores. Al menos, que les duela en el bolsillo. Un grupo interparlamentario encargado por el Gobierno de Emmanuel Macron de definir en qué consiste el acoso sexual en espacios públicos y cómo penalizarlo presentó este miércoles propuestas para que acaben siendo ley. Como la imposición de una multa inmediata por acoso de al menos 90 euros, según el informe desvelado en la sede de la Secretaría de Estado para la Igualdad Mujeres-Hombres. Su titular, Marlène Schiappa, está al frente de la iniciativa que busca penalizar el acoso sexual y fijar, por fin, una edad mínima de consentimiento, entre otros. El objetivo, según ha adelantado una de las políticas más visibles del Gobierno francés, es que el contenido de la ley empiece a ser discutido en marzo y esté listo para su aprobación “antes del verano”.
“Combatir el acoso en la calle es importante, porque es el comienzo de un contínuum de violencias sexistas”, afirmó Schiappa, acompañada de los ministros del Interior, Gérard Collomb, y Justicia, Nicole Belloubet, que forman parte del proyecto de ley futuro y de su implementación. “Frenar a la persona que es violenta en el espacio público es una manera de luchar contra todo acto de violencia sexual”, insistió al presentar la veintena de “recomendaciones” de los cinco parlamentarios —cuatro mujeres y un hombre de diferentes formaciones políticas— para penalizar el acoso sexual en la calle.
Uno de los primeros retos del grupo de trabajo interparlamentario “para la penalización del acoso sexual en la calle” ha sido, precisamente, definir los límites de lo que consiste acoso sexual. Difícil, pero no imposible. “De la misma manera que hemos sabido definir el acoso moral en el trabajo en la ley, podemos definir el ultraje sexista”, ha declarado Schiappa los últimos días. En el informe, se propone un nuevo concepto legal, el “ultraje sexista y sexual”, como base para la sanción de “toda proposición, comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que atente contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante”, o que cree una “situación intimidatoria, hostil u ofensiva”.
La multa por esta infracción será de 90 euros si es pagada de inmediato —la idea es que la policía de proximidad que quiere desplegar Macron sea la responsable de vigilar estas actuaciones— y de un monto creciente: 200 euros si el pago se dilata 15 días, hasta un máximo de 750 euros pasados los dos meses.
Fuente: Diario El País
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