Ante esto, el coordinador nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que esto responde a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes venezolanos. Explicó que a la parte demandada se le ha otorgado "un plazo de 30 días para la elaboración de un plan que ayude a la regulación de la situación de los migrantes venezolanos en el país".
Asimismo, sostuvo que no se puede impedir el libre tránsito de los ciudadanos venezolanos debido a la problemática que atraviesa el país. Agregó que tanto el Perú como los demás países de Latinoamérica deben establecer estrategias conjuntas para afrontar esta migración.
Fuente: Globovisión/ El Comercio/RG














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