
Las multas por el mal uso van desde cinco ( $ 1.930) hasta 20 salarios básicos de remuneración unificada ($ 7.720). El Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público establece que en caso de reincidencia, el funcionario público que no tenga los justificativos podría ser destituido del cargo. Solo están facultados los vehículos asignados para atender casos de emergencia y para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos. La orden de movilización de vehículos públicos se tramita únicamente a través del portal web de la Contraloría General del Estado.
FUENTE: Diario EL TELÉGRAFO
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