El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, organismo que registra decenas de casos de negligencia en el manejo de cadáveres y la vulneración sistemática de derechos, pidió declarar la crisis «humanitaria» y no solo «sanitaria» en esa urbe.
El secretario general del principal organismo de Derechos humanos de la urbe costera, Billy Navarrete, afirma que el colapso del sistema sanitario ha provocado que el Gobierno se vea incapaz de garantizar los derechos de la mayoría.
«Hay situaciones muy graves que tienen que ver con la manipulación de cuerpos y la atención a personas enfermas que han llevado al presidente a señalar que por más dura que sea la realidad hay que mostrarla y ese compromiso no se ha acatado», detalla.
MÁS DE UNA DOCENA DE DENUNCIAS POR NEGLIGENCIAS
A su oficina han llegado más de una docena de denuncias de personas que aún no encuentran a sus seres queridos y a las que nadie atiende, consecuencia, según apunta, de una «cadena de negligencias abiertas en materia de obligaciones públicas».
Navarrete indica que desde el inicio de la crisis se constató una la ausencia de atención médica, especialmente en sectores con menos recursos, lo que provocó que pacientes enfermos o no del virus muriesen en casa.
Testimonios que han recibido y casos que se han conocido a través los medios de comunicación, «dan cuenta que estas familias vieron agonizar a sus parientes sin ningún tipo de ayuda pública y que una vez que fallecen estas personas (las autoridades) se demoraron más de cinco días en levantar el cadáver».
Para Navarrete, se trata del primer eslabón de una cadena en la que se reflejó «una incapacidad del Estado para garantizar» el debido proceso.
El segundo, asegura, tiene que ver con el manejo de los cadáveres que fueron llevados a los cerca de catorce depósitos que se instalaron en la ciudad como morgues temporales.
En esos contenedores se produjo una situación de caos debido al «acopio desordenado de cuerpos», que llevaron a las familias a denunciar esta situación y reclamar a sus difuntos, especialmente en el exterior del hospital Guasmo Sur.
En algunos casos, transcurrieron hasta 15 días sin que los familiares conocieran el paradero de sus seres queridos y terminaron asumiendo el fallecimiento, aunque sin «constancia de dónde está el cuerpo».
El representante del comité defensor de los derechos humanos asegura que el universo de casos «es mucho mayor» al que han podido registrar.
En un tercer apartado de la cadena, señala «toda esa gestión que hace el Gobierno en el interior del cementerio», la mayor parte de los cuales se vieron desbordados por el elevado número de decesos en Guayaquil.
CASOS DENUNCIADOS ANTE FISCALÍA
Un caso paradigmático fue el de una mujer de 74 años que había sido dada por fallecida con sospechas de COVID-19 por las autoridades de un hospital, incluso se le entregó a su familia una urna con sus supuestas cenizas, y resultó que había estado inconsciente y cuando despertó pidió hablar con sus allegados.
«Son casos puntuales que dan cuenta de un escenario de fondo absolutamente caótico. Las autoridades lastimosamente están tratando de justificar el caos, su negligencia e incapacidad, con el volumen del problema», argumenta Navarrete.
Al CDH también llegaron denuncias por supuestos cobros en los hospitales para entregar o dar información sobre fallecidos, que está siendo investigado por Fiscalía y ha motivado la destitución de un funcionario por el Ministerio de Salud Pública.
INDEPENDENCIA PARA EL ESCLARECIMIENTO
Con todo, Navarrete aduce que no existe justificación alguna para los problemas que se generaron con la identificación de los cuerpos.
«Es algo que debió haberse garantizado completamente. Si hubo falta de personal es una negligencia porque debió haberse previsto. Hubo una tardía actuación por parte de la Fuerza de Tarea y del Municipio», advierte.
Por todo ello, considera que esta situación deberá ser esclarecida por un grupo «independiente» y «confiable», como una comisión de la verdad como la que se creó para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Gobiernos pasados.
Con al menos 520 muertos y en torno a 11.000 contagios oficiales, Guayas, cuya capital es Cuayaquil, considerada la Wuhan de Ecuador, es la provincia con mayor número de positivos por COVID-19 del país.
Las autoridades cifraron hoy en 663 los fallecidos oficiales y 1.138 probables, mientras que el número de contagiados ascendió a 23.240 en todo el país. EFE
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