Organizaciones de mujeres pidieron al Gobierno ecuatoriano más atención a sus derechos y que se ejecuten políticas diferenciadas de acuerdo a las vulnerabilidades y condición socioeconómica de la gente en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En una rueda de prensa virtual, dirigida por la Fundación Desafío, las mujeres reclamaron mayor protección social de mujeres y menores que están en constante vulnerabilidad por temas de violencia, «más aún en este tiempo donde no pueden escapar de sus opresores».
En Ecuador rige desde marzo pasado el estado de excepción que incluye restricciones de movilidad, del uso de espacio público, así como un toque de queda de 15 horas diarias.
«El régimen teme a las consecuencias económicas, pero no sucede lo mismo con la violencia de género, pese a que también causa impactos económicos, sociales y culturales que lesionan a la comunidad en su conjunto», dijo Roció Rosero, representante de Coalición de Mujeres Ecuador.
Agregó que «no se puede anteponer intereses políticos ante la vida de las personas» y que se requieren políticas de protección para las trabajadoras de la salud que están en primera línea de riesgo.
Asimismo, para mujeres comerciantes, otras en funciones de servicios alimenticios y aquellas con un trabajo formal, pero que están sobrecargadas de funciones en el hogar.
Las féminas consideran que el proyecto de ley que envió el Ejecutivo a estudio de la Asamblea Nacional (Parlamento) debía realizarse con perspectiva de género, para resguardar sus derechos y el de grupos vulnerables.
«En las propuestas no se evalúa el impacto que tendrán las nuevas reformas en los niños y mujeres, no se han puesto a pensar en quién cuidará a los menores, adultos mayores, personas con discapacidad, cuando pasemos al distanciamiento», puntualizó Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.
Y expresó su preocupación pues considera que faltan protocolos de seguridad para los menores que, en su opinión, han quedado como «la última rueda del coche en esta pandemia».
«Los docentes deberían obligarles a los niños a prender la cámara para preguntarles como están y (que) den la primera voz de alarma si ven que algo anda mal», añadió.
Para Catalina Martínez, Directora regional del Centro de Derechos Reproductivos (LAC), «la casa no es un lugar seguro para mujeres y niños, quienes se han visto obligados a dormir bajo el mismo techo de un agresor», por lo que enfatizó en algunas recomendaciones.
Entre ellas, «habilitar canales de denuncias para mujeres a través de líneas telefónicas, mensajes de texto y otras formas que no requieran internet como en farmacias y supermercados; refugios para mujeres y niños y servicios de salud».
Tras el pedido de la ONU de reducir el número de presidiarios alrededor del mundo para evitar mayores estragos del COVID-19 en cárcel, Virginia Gómez de la Torre, Directora Fundación Desafío, pidió al Estado «liberar a las mujeres encarceladas por aborto» pues «no son delincuentes».
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de las personas cercanas. EFE
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