Grupos de derechos humanos expresaron este lunes su preocupación por el «incremento» de casos de COVID-19 en la Amazonía de Ecuador, donde se asientan varios pueblos indígenas, por lo que pidieron que no se relajen las medidas de aislamiento en mayo próximo.
Los grupos alertan en un comunicado que volver a «una nueva normalidad» el 4 de mayo «pondría en riesgo a pueblos indígenas».
El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, explicó el domingo el funcionamiento del sistema de «semáforo» epidemiológico, ideado como estrategia para el levantamiento paulatino y regulado de las restricciones de confinamiento por el COVID-19.
Y recordó que el próximo 4 de mayo iniciará una nueva fase en el combate a la pandemia del coronavrius en el país, con la aplicación de una estrategia de «distanciamiento» social, con la que se buscan reanudar algunas actividades laborales.
Aclaró que el cambio de fase dependerá de la decisión de cada gobierno local (municipios), cuya evaluación determinará el nivel del semáforo (rojo, amarillo o verde) que se aplicará.
FALTA DE PRUEBAS
Los grupos de derechos humanos, reunidos en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, alertaron de que a falta de pruebas de detección, puede haber un subregistro de contagiados y la «población amazónica podría estar expuesta a contagios comunitarios, sin haber tomado medidas adecuadas para mitigar sus impactos».
Consideran que si Ecuador es el segundo país de Sudamérica -después de Brasil-, con la mayor tasa de contagios, implementar medidas de distanciamiento social desde el 4 de mayo es «un riesgo para la población y una irresponsabilidad».
Apuntan que los planes de emergencia deben aplicar el principio de interculturalidad, y establecer planes diferenciados y culturalmente adecuados para los indígenas.
Según los grupos de derechos humanos, en la región amazónica, las comunidades indígenas y campesinas son poblaciones vulnerables frente a la escalada de las cifras de contagio.
Ello por la «inexistente o distante infraestructura sanitaria», por las «operaciones de empresas extractivas -mineras y petroleras- que no cesan, por la presión de actores armados -en el caso de los pueblos transfronterizos al norte del país- y por las persistentes condiciones de pobreza y desigualdad que caracterizan esta zona».
CANALES DE COORDINACIÓN
La Alianza insistió en la necesidad de establecer canales de coordinación con autoridades de Pueblos y Nacionalidades y comunidades campesinas y rurales para elaborar y socializar protocolos para evitar la propagación del virus.
Recordó que las comunidades indígenas deben coexistir con la explotación petrolera y minera de sus territorios.
E indicó que han recibido denuncias sobre la «nula» aplicación de protocolos de prevención de contagio del COVID-19 por parte de las empresas subcontratistas de servicios de comida, seguridad, limpieza, entre otras.
«Estas empresas tienen bajo su dependencia a cientos de trabajadores ajenos a las comunidades, quienes tienen rotación de turnos y pasan a través de las comunidades indígenas para ingresar a los campos petroleros o mineros», señalaron en un comunicado.
Y agregaron que «existe preocupación ante la detección de 2 casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del Bloque 16, operado bajo la responsabilidad de la empresa REPSOL YPF, que tiene sus actividades en el territorio Waorani», pero no dieron más detalles.
Apuntan, además, que la comunidad shuar de Pachicutza, en Zamora Chinchipe, registró el primer contagio de una shuar trabajadora de la minera Condor Maning, gracias a una prueba hecha por la empresa.
«La paciente, quien hasta la fecha es asintomática, había tenido contacto con la mayoría de las 80 familias de la comunidad», dicen al agregar que tras la detección del contagio, se decidió mantener a toda la comunidad en un cerco epidemiológico durante quince días.
Pero, hasta el momento, la comunidad no ha sido dotada de implementos de bioseguridad, los kits de alimentos han sido insuficientes para el cumplimiento del cerco, así como tampoco han sido sometidos a pruebas PCR para confirmar o descartar la existencia de más casos, añaden.
Por todo ello, las organizaciones que conformamos la mencionada Alianza instan a la aplicación masiva de pruebas de detección de COVID-19 en la región Amazónica y que las medidas de aislamiento no concluyan el 4 de mayo.
Según las cifras oficiales reveladas el viernes, en Ecuador hay cerca de 23.000 casos confirmados de COVID-19 y 576 fallecimientos. EFE
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