Lo promocionaron como el principio del fin del presidente Nicolás Maduro. Con el apoyo de mandatarios extranjeros y ante la mirada del mundo entero, activistas de oposición se congregaron en Colombia en febrero de 2019 con la intención de enviar a Venezuela toneladas de provisiones que llegaron a bordo de aviones de carga militares de Estados Unidos.
En vez de eso, fuerzas de seguridad leales al mandatario venezolano impidieron con violencia que el convoy humanitario cruzara la frontera. Ese fue el primero de varios errores de cálculo del gobierno del entonces presidente Donald Trump en su política para Venezuela.
Más de dos años después, la arriesgada táctica está siendo cuestionada por un organismo supervisor del gobierno estadounidense. Un nuevo informe del inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) plantea dudas sobre si el envío de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían.
Las conclusiones fueron publicadas el 16 de abril pero no habían sido reportadas anteriormente.
El reporte se enfoca en los frenéticos meses después de que el líder de la oposición Juan Guaidó se alzó para desafiar el mandato de Maduro, ganándose rápidamente el reconocimiento como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y docenas de aliados.
Como parte de ese esfuerzo, la USAID gastó 2 millones de dólares entre enero y abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela.
Bajo las órdenes de Guaidó, se suponía que las provisiones serían distribuidas en Venezuela en desafío a Maduro, quien calificó el plan como un intento encubierto de golpe de Estado.
Pero cuando una caravana organizada por la oposición que trató de ingresar a territorio venezolano fue bloqueada en la frontera, al menos un camión se incendió, perdiendo provisiones provistas por Estados Unidos y valuadas en 34.000 dólares.
En los meses siguientes, cuando se perdía la atención mediática y se desvanecía la lucha de Guaidó por derrocar a Maduro, Estados Unidos modificó discretamente la ayuda.
Al final, sólo ocho toneladas lograron llegar a Venezuela, y las 360 toneladas restantes fueron distribuidas en Colombia y enviadas a Somalia, de acuerdo con el informe.
El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión sobre Maduro en vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la necesitaban.
Por ejemplo, las provisiones fueron enviadas innecesariamente en enormes aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea en lugar de opciones comerciales más económicas que estaban disponibles, subrayó el reporte.
Alimentos listos para su consumo para combatir la desnutrición infantil también fueron enviados pese a que los propios expertos de la USAID habían determinado que la condición nutricional de los niños en Venezuela no ameritaba su uso en ese entonces, dijeron los investigadores.
Para impulsar a Guaidó, la USAID —creyendo que Maduro se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas— recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para distribuir las provisiones.
Un organismo venezolano sin fines de lucro, que el reporte no identifica por su nombre, recibió fondos con base parcialmente en su alineación con la política exterior de Estados Unidos a pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia.
La “directriz de estacionar productos humanitarios no se condujo con pericia técnica ni se alineaba con los principios humanitarios de neutralidad, independencia y estar basada en la evaluación de las necesidades”, se lee en el reporte.
Si bien los trabajadores de ayuda internacional en ese momento hicieron advertencias similares sobre los riesgos de que la ayuda estuviera politizada —el convoy de ayuda de Colombia fue precedido por el concierto de “Música por Venezuela: Ayuda y Libertad” organizado por el multimillonario Richard Branson— , las conclusiones de una agencia de Estados Unidos asignada a realizar una auditoría a la manera como se gastó el dinero de los contribuyentes estadounidenses conllevan un peso adicional.
El informe, cuya elaboración requirió cerca de dos años, fue preparado para abordar los desafíos y los “riesgos de fraude” en la respuesta de la USAID a la crisis venezolana. Contiene seis recomendaciones para mejorar la coordinación dentro de la agencia —el vehículo principal para la ayuda de Estados Unidos en el extranjero— y reforzar los controles para evitar la politización de las medidas humanitarias.
Un portavoz de la USAID dijo que la agencia recibía de buena manera las conclusiones del informe, que está implementando, y todos los esfuerzos para mejorar la efectividad de las labores de la USAID, en especial en escenarios desafiantes.
Muchas de las decisiones fueron tomadas por la oficina del entonces administrador de la USAID, Mark Green, de acuerdo con el reporte.
“La dirección verbal no estableció una responsabilidad clara ni ofreció una justificación para la toma de decisiones”, señaló el reporte.
Un exfuncionario del gobierno de Trump refutó algunas de las conclusiones del reporte, sosteniendo que la decisión de enviar las provisiones en aviones militares fue tomada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado pese a las objeciones de la USAID.
El exfuncionario pidió mantener el anonimato a condición de hablar sobre la toma de decisiones interna.
Green, en un comunicado, se dijo orgulloso del trabajo de la USAID en la ayuda a los venezolanos que la necesitaban con urgencia, con el apoyo bipartidista del Congreso estadounidense.
“La crisis venezolana es una de las mayores crisis humanitarias en el mundo bajo las condiciones más difíciles, en la que el régimen ilegítimo de Maduro continúa poniendo obstáculos que impiden que el pueblo venezolano cubra sus necesidades básicas”, afirmó Green, quien actualmente es presidente del Centro Woodrow Wilson, un centro de estudios no partidista con sede en Washington. “La crisis venezolana es una fuerza desestabilizadora que impacta a la región entera y aún se requiere la ayuda para salvar vidas”.
Cualesquiera que fuesen los errores cometidos, las medidas del gobierno de Trump, junto con el colapso económico de Venezuela, fueron clave para lograr que otros gobiernos y grupos de ayuda humanitaria se enfocaran en los problemas del país sudamericano.
Poco después del fracaso de la caravana de Guaidó para la entrega de las provisiones, la USAID empezó a trabajar tras bambalinas con agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones para llevar ayuda a Venezuela, donde tales artículos suelen ser distribuidos en hospitales del gobierno y agencias controladas por Maduro.
Tales esfuerzos han continuado bajo el gobierno del presidente Joe Biden y recientemente recibieron el anuncio de que el Programa Mundial de Alimentos iniciaría en breve la distribución de comidas para 1,5 millones de niños venezolanos en un momento en que el hambre aumenta en la nación.
Más de 5,1 millones de venezolanos han huido de su país desde 2014, algunos de ellos a pie, para escapar de la hiperinflación, la escasez generalizada de artículos básicos y un sistema de atención médica deficiente.
Desde 2017, Estados Unidos ha entregado más de 500 millones de dólares en ayuda humanitaria y de desarrollo para responder a la crisis humanitaria, en su mayoría en países como Colombia, Perú y Brasil, que han recibido a la mayor cantidad de migrantes venezolanos.
Fuente: Lechuginos
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