La Administración Trump y los Estados compiten en un enloquecido mercado global para hacerse con el equipamiento de protección que necesitan los hospitales ante la creciente llegada de pacientes con COVID-19, reseña El País.
“Las reservas se diseñaron para responder a un puñado de ciudades. Nunca se construyó o se diseñó para combatir una pandemia en 50 Estados”, reconoce en el Post uno de los funcionarios.
La urgencia para hacerse con el material ha provocado frustración entre los gobernadores de algunos Estados y sospechas de que la Administración federal establece la prioridad de las solicitudes siguiendo criterios políticos. Florida, cuyo gobernador, Ron DeSantis, no desaprovecha ocasión para alardear de su buena relación con el presidente Trump, ha visto satisfecho el 100% de sus primeras dos solicitudes de material, según el Post. Mientras que los demócratas Illinois o Maine han recibido solo una pequeña parte de lo que han pedido.
No existe evidencia de que los Estados en manos republicanas estén siendo favorecidos, pero el propio presidente contribuye a las suspicacias con sus enfrentamientos abiertos con gobernadores demócratas que critican su gestión de la crisis. “Solo quiero que sean agradecidos”, dijo Trump el viernes pasado.
“No quiero que digan cosas que no son ciertas. Quiero que sean agradecidos. Hemos hecho un gran trabajo. No hablo de mí. Hablo de [el vicepresidente] Mike Pence, del equipo de trabajo”, expresó
Los Estados, de uno y otro signo político, bombardean con sus peticiones a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Y algunos gobernadores y congresistas han solicitado una explicación sobre los criterios con los que se distribuyen las existencias, sin obtener respuestas satisfactorias.
“La verdad, la única esperanza para un Estado en este punto es la capacidad de abastecimiento del Gobierno federal”, ha resumido este miércoles el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
El demócrata ha recordado que el presidente ya invocó, el pasado viernes, la Ley de Producción de Defensa para forzar a las empresas a fabricar respiradores y le ha invitado a hacerlo también para conseguir más máscaras.
Este miércoles, en su rueda de prensa diaria sobre la crisis del coronavirus, el presidente ha recomendado a los ciudadanos utilizar bufandas en lugar de máscaras médicas, de modo que estas estén disponibles para los profesionales que las necesitan desesperadamente. “Dependiendo del tejido de que estén hechas, las bufandas pueden ser muy efectivas”, ha dicho.
Según la Casa Blanca, la FEMA ha distribuido ya, a fecha de 28 de marzo, 11,6 millones de máscaras, 26 millones de máscaras quirúrgicas, 5,2 millones de pantallas faciales, 22 millones de guantes y 8.100 respiradores. La propia Agencia reconoce que la reservas nacionales no son suficientes para satisfacer toda la demanda.
Se ha destinado un presupuesto de 16.000 millones de dólares para realizar las compras, pero la demanda disparada ha convertido el mercado mundial en un bazar enloquecido. El Gobierno ha informado de que las fuerzas de seguridad actuarán contra los ciudadanos que hagan acopio de material para enriquecerse con la reventa, pero agentes privados siguen operando en el mercado.
En cuanto a los respiradores, vitales para tratar los casos más graves de COVID-19, el presidente ha reiterado que el Gobierno dispone de 10.000 unidades para enviarlos donde más se necesiten. Pero, según informa este miércoles The New York Times, no han mencionado un importante detalle: miles de ellos no funcionan, debido a una disputa que acabó con la ruptura del contrato con la compañía encargada de su mantenimiento.
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