En el peor momento de la pandemia en Colombia, se han reactivado las manifestaciones. Las movilizaciones están de regreso para rechazar la reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno de Iván Duque con el propósito de cubrir el hueco fiscal que ha dejado la crisis sanitaria.
El llamado paro nacional, que ya había sometido a una considerable presión al mandatario a finales de 2019, antes de la irrupción del coronavirus, se reactivó este miércoles con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios, a pesar de los llamados a aplazarlas o privilegiar otros métodos de protesta. La jornada acabó con un sonoro cacerolazo en las principales ciudades.
Las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en la ciudad de Cali derivaron en vandalismo. A primera hora de la mañana un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, y los manifestantes quemaron cuatro buses del sistema de transporte masivo y saquearon almacenes de cadena.
El alcalde, Jorge Iván Ospina, decretó el toque de queda desde las 15.00 horas y el Ejército fue desplegado en las calles. “Se registra un buen comportamiento por parte de los ciudadanos, con excepción de Bogotá y Cali, dónde la Fuerza Disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ha tenido que intervenir algunos intentos de bloqueo”, señalaba el balance del Ministerio de Defensa al comienzo de la tarde. “No vamos a tolerar más actos violentos en ningún punto del país”, declaró el jefe de la cartera, Diego Molano.
En la capital hubo desde las primeras horas bloqueos del tráfico y de las estaciones de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de buses articulados. “Quiero pedirles a los ciudadanos que por su cuidado y salud, empiecen a regresar a sus casas” a partir de las 14.00 horas, declaró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al anunciar que Transmilenio dejaría de operar a las 17.00 horas.
A pesar de que López, del partido progresista Alianza Verde, ha mantenido un tenso pulso de liderazgos con el presidente Duque a lo largo de la pandemia, ya había considerado que marchar en este momento era “un atentado a la vida”. Las principales ciudades han recurrido a renovadas medidas de confinamiento y toques de queda nocturnos para superar este momento crítico, con los hospitales al borde del colapso. En Bogotá, Medellín o Cali, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos supera el 90%.
La movilización suponía un desafío a los múltiples llamados a evitar las aglomeraciones en un momento en el que el país enfrenta un repunte de contagios. La jornada fue convocada el pasado 6 de marzo, antes de que se conocieran los detalles de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno, que la mayoría de expertos considera necesaria.
Los organizadores, agrupados en el Comité Nacional de Paro —integrado principalmente por centrales obreras, organizaciones estudiantiles y campesinas— mantuvieron la convocatoria a pesar de que la víspera un confuso fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, criticado por diversos juristas, ordenó el aplazamiento de las marchas. “Estamos ejerciendo el derecho fundamental de protestar” amparado por sentencias de la Corte Constitucional, defendió Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“Me impactó mucho que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dijera que no podemos salir a marchar, como si fuera un permiso, cuando es un derecho fundamental que tenemos”, señaló a este periódico Isamari Quito, una estudiante de Derecho de 20 años, en el Monumento a los Héroes, uno de los puntos de concentraciones en Bogotá.
“Hay gente muriendo de hambre, no es solamente por covid … Creo que la peor pandemia es el racismo”, añadía esta manifestante al calificar la reforma tributaria como “nefasta”. En este punto, varios centenares de personas, jóvenes casi en su totalidad, mantenían el distanciamiento social mientras realizaban cortes intermitentes del tránsito en la Autopista Norte al tiempo que entonaban entre silbatos y vuvuzelas el cántico “A parar para avanzar, viva el paro nacional”.
En un año previo a las elecciones, los aspirantes presidenciales también se han posicionado con respecto a las movilizaciones. “Si todos nos manifestamos hoy con cacerolazos en nuestras ciudades, la protesta será escuchada y sentida sin ponernos en riesgo”, escribió en sus redes sociales Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.
Gustavo Petro, el perdedor de la segunda vuelta de las presidenciales del 2018 ante Duque, ha emergido como el promotor más visible de las protestas entre los líderes políticos. “¿No quieren aglomeraciones? Es fácil, retiren la reforma tributaria”, ha asegurado desafiante el candidato de izquierdas, favorito en las encuestas más recientes de cara a los comicios de 2022. Ángela María Robledo y Francia Márquez, otras dos aspirantes apoyadas por el movimiento feminista, marcharon en las calles de Bogotá.
Aunque la protesta social se ha visto en gran medida desactivada durante la pandemia por las medidas de confinamiento, en los casi tres años de Gobierno de Duque el malestar se ha traducido en una amplia amalgama de reclamos que incluyen la denuncia del incesante asesinato de líderes sociales y de los abusos policiales, la implementación de los acuerdos de paz, mayores fondos para la educación pública, la lucha contra la desigualdad o los asuntos ambientales.
La convocatoria del miércoles se vio potenciada por la propuesta de subida de impuestos que apenas comienza su tránsito en el Congreso. El Gobierno defiende su componente social, pues también incluye, entre otras medidas, una renta básica permanente para los más vulnerables.
Fuente: El País.
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