Las personas que realicen fiestas o reuniones durante el toque de queda (confinamiento) o que incumplan las medidas dispuestas en el Decreto 1291 o resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en el marco del estado de excepción “pueden ser detenidas y enfrentar una pena que va de uno a tres años”, aseveró el Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.
El Secretario hizo referencia a lo tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
En la norma reza: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Sin la colaboración ciudadana, cualquier medida que ponga el Gobierno no va a ser suficiente para enfrentar esta crisis, señaló el Ministro.
“No se trata de llenar las cárceles de gente que haya incumplido, buscamos disuadirlos. Solo el anuncio de la medida va a tener un importante efecto en el comportamiento de las personas durante este fin de semana”.
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