EFE).- Los más de 150.000 indígenas que habitan la extensa Amazonía de Colombia enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes por cuenta de la deforestación, el conflicto armado, las concesiones petroleras y la contaminación de sus ríos que amenaza con hacerlos desaparecer, dijeron este sábado a Efe líderes de la comunidad.
De los 102 pueblos nativos de Colombia, 64 están establecidos en la Amazonía y dos de ellos viven en estado natural o aislamiento voluntario.
Todos ellos «están en un inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente y atraviesan una crisis humanitaria de grandes proporciones», aseguró el coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Robinson López.
La Amazonía, que por estos días tiene encima los ojos del mundo por la tragedia ambiental que causan numerosos incendios en la parte que le corresponde a Brasil, comprende el 40 % del territorio de Colombia y es la zona menos poblada del país.
Conformada por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, la importancia de la Amazonía y su riqueza natural es tal para Colombia que de ella hacen parte diez Parques Naciones Naturales.
Se trata de Amacayacu, Cahuinarí, Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Río Puré, Nukak, Puinawai, Alto Fragua Indi-Wasi y Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi.
Aún así, para López «el Gobierno colombiano no ha hecho lo suficiente para proteger la vida y salvaguardar los territorios ancestrales que están ubicados en la Amazonía y hasta el momento no ha habido respuestas concretas a estas problemáticas».
A juicio del líder indígena, las comunidades están «siendo afectadas por las políticas públicas regresivas en cuanto a las concesiones que se otorgan a las petroleras y mineras, la deforestación acelerada, la ampliación de la frontera agrícola y la contaminación de los ríos, principalmente el Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo».
De hecho, en febrero pasado, durante el 171 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Sucre, Bolivia, varios defensores denunciaron que el Gobierno de Colombia ha incumplido con las medidas cautelares ordenadas para proteger al pueblo indígena Siona.
Esta etnia, que se asienta en el departamento de Putumayo, está amenazada por grupos armados al margen de la ley que han llegado a su territorio para cultivar y vender coca, reclutar a menores de edad e instalar minas antipersonas para evitar que las autoridades que acerquen a la zona.
Por ello, la CIDH le exigió al Estado proteger a los Siona para evitar que aumente el riesgo de «desaparecer» para los 2.578 aborígenes que conforman esa comunidad.
En 2016 ya se había lanzado otro «grito desesperado» por los Nukak, el último pueblo nómada colombiano, que habita en el departamento de Guaviare y que fue contactado inicialmente en 1988.
En esa oportunidad, 49 aborígenes de los 500 que se cree todavía existen, llegaron a un «centro poblado por blancos» tras huir de los cultivadores de coca que robaban a sus niños para ponerlos a trabajar.
Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
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