Agentes federales de inmigración iniciaron redadas de inmigrantes este miércoles en varias procesadoras de alimentos en Mississippi.
Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dijo que se ejecutaron órdenes de allanamiento en varias plantas situadas en siete localidades. Una de ellas fue la planta de la productora de pollos Koch Foods Inc., que no tiene relación con Charles y David Koch. El agente habló bajo la condición de anonimato porque los detalles de la operación no estaban destinados a la difusión.
Dijo que la investigación penal federal abarcaba tanto a propietarios como a empleados.
La AP vio a decenas de agentes que se aprestaban a procesar a los trabajadores dentro de una instalación militar en Flowood, Mississippi, con siete filas, una por cada localidad.
En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles interpuso el martes una demanda federal contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de ampliar radicalmente la autoridad de deportación, argumentando que viola los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones, como la expulsión de ciudadanos estadounidenses.
En su escrito, la ACLU calificó de “drástica” e “ilegal” la política que permite a agentes de inmigración deportar a migrantes sin presentarlos ante jueces. Previamente, la política se aplicaba a quienes fueran detenidos a 160 kilómetros de la frontera y tuvieran en el país menos de dos semanas. El mes pasado, el gobierno de Trump anunció que los agentes de inmigración pueden hacer efectiva la política en cualquier parte de Estados Unidos a quien viva sin permiso desde hace menos de dos años.
La ACLU, junto con el American Immigration Council, alega que la nueva medida concede esencialmente a los agentes de inmigración de bajo nivel la autoridad para deportar indiscriminadamente a cualquier persona sin la evaluación conveniente, incluida una audiencia o tener un abogado.
“Un proceso cerrado sin un escrutinio externo siempre será arbitrario”, declaró Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto Derechos de los Inmigrantes, de la ACLU. “Nunca habrá comprobación y abrirá demasiado margen para el error”.
La demanda incluye varios ejemplos en los que los agentes federales, en uso de su autoridad inicial para aplicar la “deportación expedita”, expulsaron equivocadamente a ciudadanos estadounidenses, incluida una que tenía problemas mentales. La mujer no convenció a los agentes de inmigración de que era una ciudadana estadounidense que regresaba de visitar a sus parientes en Jamaica y la deportaron.
La demanda, presentada a nombre de grupos defensores de inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida, señala como acusados a los titulares del Departamento de Seguridad Nacional y de varias agencias bajo la supervisión de ese organismo. Entre estas figuran el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). El portavoz de la agencia no respondió de momento los mensajes para que hiciera declaraciones.
La llamada autoridad de “deportación expedita” concede al personal de inmigración amplias facultades para expulsar a migrantes salvo contadas excepciones, entre ellas si la persona manifiesta temor de regresar a su país y aprueba una entrevista inicial para solicitar asilo. La política, puesta en marcha desde 1996, se ha convertido en parte central de las acciones policiales contra los migrantes en la última década.
Fuente: AP
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