El gobierno estadounidense está colaborando con las agencias penitenciarias locales a fin de impedir el uso de teléfonos celulares en las cárceles del país, un fenómeno que permite a los delincuentes continuar sus acciones delictivas desde detrás de las rejas.
La Comisión Federal de Comunicaciones fijó una reunión para el 7 de febrero con autoridades penitenciarias, gobiernos locales y funcionarios del Departamento de Justicia, en la sede de la FCC en Washington, informó el jueves el director del departamento de prisiones de Carolina del Sur, Bryan Stirling.
“Le demostraremos a la FCC que es posible y práctico impedir el uso de telefonía móvil en nuestras cárceles sin afectar a las comunidades vecinas”, dijo Stirling a The Associated Press.
En octubre, el presidente de la FCC Ajit Pai le prometió al legislador David Kustoff que convocaría a dicha reunión a fin de discutir el contrabando de teléfonos celulares en las cárceles, un tema que Stirling y otros califican como la principal amenaza a la seguridad en centros de detención.
“Comparto su inquietud sobre la proliferación de dispositivos inalámbricos contrabandeados en las cárceles, y las devastadoras consecuencias que ello podría tener en la seguridad pública”, escribió en ese entonces Pai en una carta obtenida por la AP. “Continuaremos nuestros esfuerzos por conseguir mejores procedimientos y soluciones para esta problema tan grave”.
En la misiva, Pai dice que organizará el encuentro y que le reportará al Congreso sobre sus resultados.
Los teléfonos celulares terminan en las prisiones contrabandeados, traídos clandestinamente por visitantes, lanzados sobre los muros e incluso arrojados por drones. Los dispositivos le permiten a los reclusos comunicarse entre ellos y con gente afuera a fin de continuar sus actividades delictivas, ordenar el asesinato de rivales, policías y fiscales e incluso tramar su escape, dicen autoridades.
Cada año, miles de teléfonos son confiscados en las cárceles del país norteamericano.
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