Los 200.000 cadáveres sin nombre de Colombia

Es la mañana de Nochebuena y este fue uno de los escenarios del horror que convulsionó a Colombia durante el conflicto armado. El 14 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC, cuya misión es juzgar los crímenes de la guerra, anunció el hallazgo de una fosa común, reseñó El País.

Los investigadores localizaron en Dabeiba, un municipio de unos 20.000 habitantes a unas cuatro horas de Medellín camino de la costa del Caribe, los restos de al menos 50 personas. 

Fueron, según el testimonio de un exmilitar y los indicios del caso, asesinadas por miembros del Ejército y después presentadas como guerrilleros caídos en combate a cambio de recompensas. Estas ejecuciones, el enésimo caso de una práctica sistemática llamada falsos positivos, ocurrieron entre 2005 y 2007 y son una pequeña muestra de los números de vértigo que dejó más de medio siglo de violencia. 

Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste del país), fue azotada durante décadas por una tormenta perfecta de muerte e injusticias. Combatientes, paramilitares y sectores desviados del Ejército convirtieron este municipio en uno de los epicentros del conflicto. En el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC de 2016, en esta zona ganó el sí, como sucedió en casi todas las poblaciones más castigadas por la violencia. Hoy es un pueblo caótico y alegre que busca dejar atrás el pasado y celebró la Navidad con salsa y, sobre todo, reguetón hasta la madrugada. 

Pero el drama de las desapariciones, de la búsqueda de familiares y del cierre de las heridas va más allá. Tres años después de la firma de la paz, Colombia se enfrenta no solo a la transición que, de forma directa o indirecta, determina el debate político, sino a su memoria.

Martha Oliva Rueda, vecina de Dabeiba y víctima de la violencia.

El Instituto de Medicina Legal es una de las entidades, junto a la JEP, a la Unidad de Búsqueda o la Comisión de la Verdad, encargadas de esa tarea. Según explicó su directora, Claudia García, a EL PAÍS, quedan aproximadamente 200.000 cadáveres sin nombre en los cementerios y en las fosas clandestinas. 

Allí, a partir de esa estimación, es donde las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos. En su opinión, el dolor generado tiene que servir para “dejar memoria en los jóvenes”, unir a la sociedad, en la que el conflicto dejó una brecha profunda, y reparar a las víctimas. Ellas, asegura, “son las que están más dispuestas a perdonar”.

Una de las que siguió de primera mano los trabajos de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta el cementerio de Dabeiba fue Adriana Arboleda, abogada y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Defiende que estas exhumaciones continúen y prosiga la investigación para que no se queden en buenas intenciones. Y para que todos los colombianos entiendan que “estos son crímenes atroces”.

El presidente, Iván Duque, apoyó esa investigación. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas han estado en el ojo del huracán por el regreso de esos fantasmas al imaginario colectivo. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar a principios de noviembre tras conocerse que ocultó una operación contra unos disidentes de las FARC en las que murieron menores. 

Las extintas FARC, que hoy son un partido político y se sientan en el Congreso con diez escaños, y los grupos paramilitares encadenaron crímenes durante décadas y en Dabeiba todos tienen alguna historia de horror relacionada con unos y con otros. 

La vereda de Llano Grande, a una hora de Dabeiba, donde se reincorporan excombatientes de las FARC.

Fuente: El País.