Ecuador entra este martes en su tercera semana de régimen de excepción por el coronavirus con el trágico balance de 62 fallecidos y 1.966 contagiados, la inmensa mayoría de ellos en la provincia de Guayas (suroeste), donde se concentran más del 70 por ciento de los casos.
Fue el lunes 16, con apenas 58 contagios y dos fallecidos, cuando el presidente, Lenín Moreno, hizo el dramático anuncio por cadena nacional que paralizó el país, y desde entonces las medidas han ido en aumento.
Interrupción de vuelos internacionales, restricciones a la circulación de vehículos y al trabajo en oficinas, una orden casi generalizada a quedarse en casa, y luego un toque de queda que se ha ido ampliando según las necesidades sanitarias, son la cruda realidad que Ecuador comparte -aunque, en distinta medida- con otros países de la región.
Y no es para menos porque es el cuarto país de América más afectado, con el agravante de que su población -de casi 17 millones- es muy inferior a las de EE.UU., Canadá y Brasil, que le adelantan en la fatídica lista (Chile tiene más contagios pero muchos menos fallecidos).
EXTENSIÓN DE LAS MEDIDAS
Este lunes, ante el continuo crecimiento de casos, la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunció que el Comité de Operaciones de Emergencia ha decidido «llevar hasta el 5 de abril la suspensión de la jornada laboral», que en principio estaba fijada para este martes.
Una suspensión que apenas permite las actividades de servicios médicos, seguridad, alimentación y algunos otros sectores destinados a preservar las funciones vitales del Estado.
La funcionaria avanzó que, a lo largo de la semana, se valorará si se prolonga nuevamente la medida y si se hace alguna diferenciación por provincia, región o ciudad, aunque las curvas de contagio no hacen predecir una rápida terminación del toque de queda, actualmente vigente de 14.00 a 5.00.
SALIDAS MÁS QUE LIMITADAS
Una situación que ha restringido severamente la libertad de movimiento de la población para hacer las gestiones mínimas en estas circunstancias, tales como ir al supermercado, la farmacia, al médico o al banco, las únicas permitidas para poner el pie en la calle sin exponerse a sanciones que, por reincidencia, pueden conducir a la cárcel.
«¡Qué remedio! O uno se viene temprano o le toca esperar dos horas o quedarse sin víveres», decía a Efe esta mañana Jorge Terán, un quiteño que hacía cola en uno de los principales supermercados de la capital.
Allí, desde las 7 de la mañana, los compradores se concentraban en un gran aparcamiento en dos colas serpenteantes de cientos de metros, salvaguardando la distancia de un metro y medio, entre comprador y comprador.
Lavado de manos con gel, enjuague de suelas en baldes con cloro, tapabocas y guantes, eran parte del ritual para aprovisionarse, mientras por los altavoces una administrativa urgía a los clientes a no detenerse y terminar rápido las compras.
«¡Ni ver los precios!», se quejaba un comprador español no identificado a un acompañante, lo que en sí mismo iba contra las normas de acudir solo.
Normas también violadas alrededor de algunos mercados de la capital, donde pese a la presencia policial y a las rígidas órdenes, los vendedores ambulantes seguían acudiendo para ganarse unos dólares.
LOS INFORMALES SIN ALTERNATIVAS
«Tengo dos hijos que mantener», se justificaba a Efe Lizeth Vilca, vendedora ambulante de cebollas, tomates y legumbres en el popular barrio Comité del Pueblo, en el norte de Quito.
Una deficiente situación, la de los informales, que es de conocimiento general y de las autoridades, y para los cuales las respuestas están siendo más que limitadas por la falta de recursos públicos, destinados en su mayoría a paliar los urgentes requerimientos sanitarios.
En la capital ecuatoriana, donde las medidas han sido las más drásticas del país, la mayoría de la población está respetando las restricciones y la vigilancia en los mercados y carreteras es constante.
Y aún así, no faltan los que se quejan. «Somos necios, no cumplimos con la disposición», consideró Carlos Tutasi, vecino de la misma zona, sin demasiada comprensión a las necesidades más básicas de millones de personas en todo el país.
Una desobediencia que, sin embargo, en la provincia de Guayas se ha cobrado un alto precio, pues allí se concentra el 71,1% de los contagios hasta ahora. En la de Pichincha, de la que Quito es capital, representan un 9,7%.
La semana pasada, Moreno expresó su clara indignación con los guayacenses y declaró la provincia «zona especial» bajo mando militar, con medidas excepcionales para tratar de controlar la epidemia del COVID-19.
Un virus que aterrizó en Ecuador el pasado 14 de febrero con una emigrante ecuatoriana residente en España, que ya falleció. EFE
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