Jared Polis, Gobernador demócrata desde 2019, promulgó este lunes la ley que rechaza la pena de muerte y conmutó a cadena perpetua las únicas tres sentencias de condenados que esperaban en el corredor de la muerte.
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Polis dijo que la conmutación de las penas “de estos individuos despreciables y culpables son consistentes con la abolición de la pena de muerte en el Estado de Colorado, y consistentes con el reconocimiento de que la pena capital no puede ser, y nunca ha sido, administrada en forma equitativa en el Estado de Colorado”, reseñó El País de España.
El Gobernador comprendía que algunos ciudadanos del Estado no estarían de acuerdo con su decisión de no ejecutar a Robert Ray, Mario Owens y Nathan Dunlap, quienes ahora pasarán el resto de su vida entre rejas sin posibilidad alguna de salir en libertad.
Ray fue condenado por ordenar en 2005 el asesinato de dos testigos de un crimen. Esos testigos eran el hijo de la senadora estatal Rhonda Fields y su prometida. Para Fields, el Gobernador Polis ha privado a su familia de la justicia que merecía el asesino de sus seres queridos y ha erosionado “el sistema judicial”.
“Entiendo que algunas personas estarán de acuerdo con mi decisión y otras estarán en desacuerdo, espero que esta medida proporcione claridad y certidumbre para que puedan seguir adelante”, dijo Polis en un comunicado.
“La decisión de conmutar estas sentencias se hizo para reflejar cómo es la ley de Colorado, y se hizo tras un exhaustivo proceso de acercamiento con las víctimas y sus familias”, agregó. El fiscal de distrito, George Brauchler, criticó la abolición. “Son muy pocos en Colorado los que hoy celebran salvar la vida de estos asesinos a sangre fría”, señaló por escrito.
La Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones se manifestaron satisfechas con la abolición de la pena capital.
“En medio de toda la locura que estamos viviendo, esta es una noticia fabulosa. Colorado abolió oficialmente la pena de muerte”, dijo en Twitter Udi Ofer, director de la división de justicia de ACLU. Estas organizaciones califican esta práctica como arbitraria, racialmente sesgada e irresoluble.
Las sentencias de pena capital y el número de ejecuciones han tendido a la baja en los últimos 20 años y desde 2007 ocho Estados la han abandonado. En Washington, la justicia estatal declaró este castigo como inconstitucional al alegar que se impone de forma “arbitraria y con sesgo racial”.
Y otros, como California o Pensilvania, aunque la mantienen, han aprobado moratorias sobre ejecuciones. Sin embargo, Tennessee mató a su primer reo el pasado agosto después de nueve años sin ejecuciones y Texas acabó con 13 ejecuciones en 2018.
1517 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, a pesar de que el número de “homicidios legales”, como los denominan las organizaciones contrarias a la pena capital, ha descendido significativamente en las dos últimas décadas.
La mayoría de las condenas de este tipo se concentran pocos Estados. Texas ha ejecutado a un total de 569 personas entre 1976 y 2019. El siguiente Estado es Virginia, con 113 y luego Oklahoma con 112. En 2019, Texas ejecutó a 9 personas y solo otros seis Estados aplicaron la pena capital pero ninguno sumó más de 3 ejecuciones.
En este año, Texas ha ejecutado ya a 2 personas y solo Georgia, Alabama y Tennessee han aplicado la máxima pena a una persona por cada Estado.
Para el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés), el declive de la máxima pena tiene que ver con el hecho de que la gente es ahora consciente de que se han producido errores y no tienen vuelta atrás. “Se está produciendo un cambio en la sociedad”, apunta DPIC.
Fuente: Globovisión/El País /AT
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